La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha insistido en que el Gobierno central es "quien puede adoptar las medidas precisas para permitir la continuidad de la pesca del cangrejo rojo y salvaguardar este sector, ya que el fallo del Tribunal Supremo se refiere a normas nacionales".
En respuesta a dos preguntas parlamentarias, de Ciudadanos y de Podemos, sobre las actuaciones que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en apoyo a este sector, la consejera ha resaltado que el Gobierno autonómico tomó la iniciativa de "inmediato" para estudiar posibles opciones con el fin de proporcionar seguridad jurídica a los productores, transformadores y comercializadores dedicados a la pesca y venta del cangrejo rojo.
Así, ha recordado que junto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Junta ha actuado en el marco de sus competencias, se ha creado una plataforma de trabajo y se ha trasladado al Gobierno central "nuestra total colaboración para llevar a cabo las medidas que estimen oportunas con el fin de mantener la actividad con normalidad".
En este sentido, ha informado de que se ha encargado un informe de impacto socieconómico y medioambiental cuyos resultados se enviarán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para respaldar las acciones que emprenda.
Igualmente, ha insistido en que desde el primer momento la Junta viene reclamando al Gobierno central las posibles acciones que debe emprender el Estado para proteger al sector, como son solicitar que no se ejecute la sentencia o realizar las modificaciones normativas precisas para que se mantenga esta actividad.
Ortiz ha recordado que el sector que vive de la pesca y venta de este crustáceo factura más de 20 millones de euros anuales y es el segundo exportador mundial. Es el principal sustento de 400 familias de Isla Mayor y los pueblos de la comarca de las Marismas del Guadalquivir (Coria del Río, Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas, Lebrija, El Cuervo y Trebujena).
Isla Mayor cuenta actualmente con cinco empresas que comercializan cangrejo rojo, cuya plantilla asciende a 200 trabajadores, a las que se añaden alrededor de 100 pescadores dedicados a la extracción de este crustáceo y otros 100 puestos directos en la comarca. En total, según la consejera, "en torno a 200.000 jornales, incluyendo jornales de pesca y mano de obra directa en la industria".
La consejera ha advertido también de los efectos ambientales que provocaría el cese de la actividad, ya que el sector actúa regulando la población del cangrejo, cuya proliferación afectaría al cultivo del arroz, entre otros efectos medioambientales.
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