Cano argumenta en su iniciativa que la Ley 27/2007 de 23 de octubre no ha visto su desarrollo autonómico hasta la fecha y "creemos firmemente que el colectivo de personas sordas ha esperado pacientemente su llegada y es el momento que esta Asamblea se interese por su desarrollo normativo en la Región de Murcia, tal y como ya lo han hecho numerosas Comunidades Autónomas en el resto del país".
La diputada socialista menciona que la Constitución Española proclama en su artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social.
Asimismo, el artículo 49 establece como principio rector de la política social y económica, la obligación de los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, a quienes prestarán la atención especializada que requieran y ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el Título Primero otorga a toda la ciudadanía.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, establece la necesidad de aplicar "ajustes razonables" relacionados con el uso de la lengua de signos, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad.
De esta manera, el artículo 26.3 establece que los "Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnología de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación" y el artículo 30.4 de la Convención recoge que "las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos".
La diputada indica que es necesario hacer valer el compromiso de la Asamblea, a través de la Comisión Especial de Discapacidad, y empezar a trabajar en una Ley de lengua de signos que garantice los derechos de estas personas.
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