En dicha pregunta, consultada por Europa Press, la parlamentaria María del Carmen García recuerda que el Gobierno de España, a través de la CHG, ha presentado un plan por el que pretende dar permisos temporales a pozos "que no se pueden legalizar y que son propiedad de la comunidad de regantes del Condado de Huelva", situados en el entorno de Doñana, "a pesar de la crítica situación del acuífero de este espacio natural".
En su conjunto, son unos mil pozos ilegales, cuyas aguas captadas dan servicio a las más de tres mil hectáreas de cultivos ilegales que hay en la zona. Muchas de las extracciones están situadas en mitad de arroyos y corredores ecológicos, en medio de pinares y en zonas donde el acuífero que alimenta Doñana está sufriendo descensos "drásticos", indica Podemos, que señala que 205 de los pozos se encuentran en áreas de especial protección de la naturaleza, según el Plan de la Corona Forestal de Doñana.
En la cabecera del arroyo de La Rocina, la "zona cero" del robo del agua, existen 61 pozos ilegales, todo ello a pesar de que, de acuerdo con la normativa del Plan Especial de la Corona Forestal, deben eliminarse todas las infraestructuras al ser usos no compatibles con corredores.
También se incluyen en el expediente pozos situados en zonas en las que se han producido descensos "dramáticos" del acuífero que alimenta las marismas, como Matalagrana. Además, en el entorno de Doñana, los grupos ecologistas han catalogado al menos 22 balsas de riego ilegales.
Por último, la formación morada ha hecho hincapié en que la situación de las reservas de agua de Doñana "preocupa enormemente" a la Comisión Europea, que ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por la "caótica" gestión del agua en el entorno.
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