Profesores universitarios en precario instan a la Junta a impulsar un plan de estabilización del PDI laboral

El colectivo de profesores ayudantes doctores acreditados a contratado doctor y los contratados doctores interinos en Andalucía se encuentra en la actualidad "al borde de perder los puestos de trabajo después de tantos años de sacrificio y esfuerzo cumpliendo obligaciones", razón por la que instan a la Junta andaluza, tras años de "progresiva precarización del empleo", a impulsar un plan de estabilización del personal docente e investigador (PDI) laboral.

Según ha explicado a Europa Press el portavoz del sector, Carlos Bueno, este colectivo conforma una masa crítica "que ha cumplido y está cumpliendo, con gran presión y esfuerzo, todos los deberes y obligaciones que se le exigían", publicando con los catedráticos que le ayudaban en sus investigaciones e invirtiendo muchas horas de revisión bibliográfica, de laboratorio, de trabajo de campo, de análisis, reflexión y redacción en sus tareas investigadoras.

"Todo esto siempre se ha hecho con la presión de una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, una exigencia: superar duros procesos de evaluación para poder ser acreditados", subraya Bueno, que apunta que no solo este colectivo se encuentran en esta situación, sino que también lo están "otros muchos que, haciendo los mismos esfuerzos, están bajo fórmulas de contrato muy precarias en las universidades como consecuencia de años de 'austericidio' que han repercutido muy gravemente en los derechos laborales del PDI".

Quienes no logran acreditarse a ayudante doctor o contratado soctor acababan sus contratos con sus universidades procediendo éstas a amortizar dichas plazas: "quienes han logrado acreditarse a las figuras que se les requería han evitado, al mismo tiempo, que dichas plazas, en este largo periodo de recortes, fuesen amortizadas", ha dicho.

Sin embargo, "quienes desde un primer momento concursaron a una plaza de ayudante o de ayudante doctor se encontraron, un mal día, que las posibilidades de promocionar de forma razonable, aún consiguiendo sus correspondientes acreditaciones, se veían cercenadas como consecuencia de la tajante aplicación de la tasa de reposición", ha manifestado el portavoz de estos docentes.

Por otro lado, las agencias de acreditación han ido "endureciendo" los criterios de forma progresiva, "siguen actuando de forma sospechosamente arbitraria, e incluso ahora empiezan a exigir el cumplimiento de criterios literalmente imposibles". La Aneca, única competente para acreditar a titular de universidad, lleva "meses" con el sistema bloqueado.

Sostiene Bueno que los recortes presupuestarios en las administraciones públicas han afectado "gravemente" a las universidades, que durante años se han visto abocadas a amortizar plazas de quienes se jubilaban, de quienes no se acreditaban. Del mismo modo, se paralizaba la carrera docente y la posibilidad de ofertar nuevas incorporaciones.

En el año 2012, en el marco de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Único (Civea), se aportó una solución transitoria que evitaba la amortización de cientos de plazas en las universidades andaluzas y el despido de sus profesores: desde entonces, aquellos ayudantes doctores que, cumpliendo con su obligación, se acreditan a contratado doctor, una vez que acaban su periodo de contratación como ayudantes doctores, han ido transformando sus contratos a contratados doctores interinos.

En Andalucía, los profesores contratados doctores interinos y ayudantes doctores acreditados a contratados doctores pueden, si se acreditan a titular de universidad, convertirse, de forma automática, a contratado doctor; "sin embargo, aquellos que no logren dicha acreditación verán como las plazas saldrán a concurso, en las que, además, está establecido como mérito preferente estar acreditado a titular de universidad".

Por ello, los contratados doctores interinos de las universidades andaluzas que concurran a estas plazas "son conscientes de que no ganarlas implica ir al desempleo", según Bueno, que añade que éstos no han adquirido ni consolidado derecho laboral alguno en lo que respecta a sus posibilidades de estabilidad.