La prórroga de los convenios, cuya firma ha estado presidida por el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, junto al delegado territorial del ramo, Rafael López, va acompañada de una inversión por parte de la administración autonómica dirigida a las entidades locales que asciende a un total de 1.214.741 euros, que supone el 75 por ciento de su coste total, mientras que el resto lo aportan los ayuntamientos y la Diputación para los municipios más pequeños.
En rueda de prensa, acompañado por alcaldes y representantes de las citadas localidades, Romero ha destacado "el compromiso y la apuesta de la Junta por seguir potenciando todas aquellas medidas que tiene en marcha para apoyar a las familias que más lo necesitan y proteger a la población infantil, sobre todo en un periodo de crisis como el que aún estamos atravesando, al que desde el Gobierno andaluz se ha dado respuesta con un incremento del esfuerzo, la preocupación y las políticas orientadas al colectivo".
El PTF es un programa fundamentalmente preventivo que tiene una doble finalidad. Por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal crecimiento, suprimiendo aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno, tras decretarse una situación de desamparo.
Y, por otro lado, promover, cuando sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. Así, se divide en dos subprogramas: de riesgo o desprotección y de reunificación familiar.
Por su parte, la diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez, ha mostrado su satisfacción por la firma de este nuevo convenio, que se viene prorrogando desde el 2003 "para preservar los derechos y el desarrollo integral de menores de nuestra provincia que se encuentran en situación de riesgo o desprotección".
Según ha remarcado la diputada, el desarrollo del programa 2017-2018 no sólo supondrá la continuidad del mismo en los 72 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes, sino "el mantenimiento de los puestos de trabajo de los 18 profesionales que lo materializan".
La diputada Aurora Vélez ha subrayado la importante inversión económica por parte de la Junta y de Diputación, que aporta 310.871 euros, "un gran esfuerzo económico que está justificado por la importancia del programa, que pretende en última instancia, evitar la separación del menor de su núcleo familiar".
La diputada ha destacado asimismo por los resultados del programa: de las 67 familias y 172 menores atendidos con el primer convenio del año 2003 hemos pasado a las 224 familias y 390 menores atendidos durante el convenio 2014-2015. Vélez ha asegurado que "desde Diputación seguiremos apostando por este y otros programas que tienen como principal objetivo la protección integral de la infancia y la adolescencia de nuestra provincia". El área de Bienestar Social de Diputación atiende anualmente a alrededor de 6.000 menores y adolescentes con la totalidad de los programas.
EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR (ETF)
La aportación económica de la Junta va específicamente destinada a financiar el mantenimiento de los 13 equipos de tratamiento familiar (ETF) existentes en la provincia onubense, que son los encargados de aplicar el programa y realizar las intervenciones con la población diana. Se trata de unos equipos, dependientes de las entidades locales, que están integrados por un total de 41 profesionales, entre los que se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares.
Los ETF atienden principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han realizado previamente los servicios sociales comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos.
La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del once por ciento en el número total de tutelas de menores decretadas por la Junta.
Por su parte, el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, Rafael López, ha remarcado que "la Junta viene trabajando desde hace mucho tiempo en esta línea haciendo un seguimiento exhaustivo de los casos", indicando además que este año se van a organizar unas jornadas para analizar conjuntamente "los problemas y cómo abordarlos".
Por último, el alcalde de Moguer, el socialista Gustavo Cuéllar, ha precisado que "con estos fondos se trata a las familias en su conjunto y suponen un balón de oxígeno a la parte más humana".
NUEVO DECRETO
El Gobierno andaluz aprobó a finales de 2015 un nuevo decreto que regula y da rango normativo al programa, reforzando así un modelo de atención ya consolidado tras una trayectoria de 16 años. Entre las novedades del decreto se encuentra la incorporación de un nuevo sistema de financiación para hacerlo más estable --se sustituye el mecanismo de subvenciones por otro de transferencias-- y garantizar el respeto a la autonomía local.
Además del modelo de financiación, el decreto introduce también como particularidad que los ETF aborden de forma específica la problemática de la violencia familiar en los casos en los que hayan intervenido, así como colaboren con los centros de atención a inmigrantes cuando haya menores en situación de riesgo o desprotección familiar, a través de protocolos de cooperación.
PERFIL DE LOS USUARIOS
Según la memoria de actividad del programa, las familias destinatarias presentan alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se ha adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno.
Con relación al perfil de los menores atendidos, en el apartado de riesgo social presentan una edad media de 12 años, mientras que en reunificación familiar el más característico coincide con la franja de 4 a 6 años. El número de niños por cada familia o unidad de convivencia atendida continúa siendo aproximadamente de dos.
Los usuarios son derivados tanto de los servicios sociales comunitarios como del servicio de Protección de Menores de la delegación territorial.
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