RedMadre atendió a lo largo de 2015 a 1.672 mujeres embarazadas de Castilla y León en situación de dificultad económica o en riesgo de exclusión social, a fin de evitar que vean "abocadas" al aborto, tal como persigue esta organización que reclama más ayuda institucional para defender "la libertad de elección" de la mujer a la hora de tener hijos sin condicionantes económicos o laborales.
En concreto, RedMadre realizó 13.950 atenciones, la mayoría de ellas en el mes de septiembre (1.569), de acuerdo con los datos de su última memoria facilitados a Europa Press, de la que se desprende que la mayoría de mujeres asistidas (944) eran ciudadanas españolas, frente a 265 procedentes de otros países europeos, 328 del continente americano, 120 africanas y 15 asiáticas.
Por lo que se refiere a tramos de edad, casi un tercio (520) se situó entre los 19 y los 25 años, seguidas de aquellas mayores de 30 (434) y con edades entre los 26 y los 30 (426). Por debajo se situaron las mujeres entre 16 y 18 años (181) y las menores de 16 (111).
En cuanto a las causas, 553 alegó vulnerabilidad laboral a la hora de solicitar apoyo; 543, precariedad económica; 302, desarraigo social; 209, falta de apoyo familiar, y 65, situaciones de violencia.
Actualmente RedMadre cuenta con 1.220 voluntarios repartidos por todo el territorio de la Comunidad y 1.050 socios y colaboradores de las distintas asociaciones provinciales.
A la hora de solicitar la ayuda de RedMadre, la organización evalúa la situación personal de cada mujer, a fin de "garantizar que la ayuda llegue a las más necesitadas", según ha subrayado la presidenta de la federación regional, Rosario Bachiller, en una entrevista concedida a Europa Press.
Sin embargo, Bachiller ha remarcado que la ayuda de RedMadre "no distingue en función de nacionalidad o religión" y ha insistido en que aunque su intención es "disuadir de la interrupción voluntaria del embarazo", evitan "presionar a la mujer" puesto que "bastante presión sufren ya por parte del entorno laboral y familiar".
SÍNDROME POSTABORTO
La actuación de RedMadre se dirige, al margen de a embarazadas en situación de dificultad, a todas las mujeres y hombres que padecen las secuelas de un aborto provocado, un "síndrome" no reconocido como desorden psiquiátrico, pero "descrito", tal como ha destacado Bachiller, quien considera que pronto será incluido en esta lista. En este sentido, Bachiller ha explicado que muchas de las mujeres atendidas por este trauma acaban como voluntarias.
Por ello, la organización no sólo presta ayuda material ante el embarazo --ropa de bebé, pañales, enseres para recién nacidos, alimentos infantiles--, sino también apoyo psicológico e incluso asesoramiento legal y acogido en el caso de aquellas mujeres embarazadas que sufren violencia. De hecho, RedMadre está integrada en el Observatorio contra la violencia de género.
Aunque la asistencia de RedMadre se focaliza en los primeros dos años de vida del bebé, sus responsables han aclarado que tras este periodo se orienta a las madres para que puedan solicitar las ayudas existentes para la infancia y las familias.
A este respecto, la presidenta de RedMadre en Castilla y León ha criticado la escasez de políticas de apoyo a la maternidad y la paternidad en comparación con los países del norte de Europa, donde "se apuesta por la conciliación familiar y laboral" para que las familias "decidan con libertad cuántos hijos quieren tener", sin verse imposibilitados por el mundo laboral o las cuestiones económicas, algo que, en su opinión, supone "una clara desigualdad para la mujer", que "es relegada en las empresas por quedarse embarazada".
El tesorero de la organización en la Comunidad, Rafael López, ha lamentado la "nula atención" de los políticos españoles "de todos los partidos" en esta materia y ha reclamado mayor apoyo institucional, ya que actualmente el 90 por ciento de sus recursos en Castilla y León proceden del sector privado, ya sea con donaciones económicas o en especie.
Ávila fue la primera provincia de Castilla y León en contar con una delegación de RedMadre en 2008, mientras que la última fue Segovia, que abrió su sede en 2011. Actualmente todas las provincias de la región tienen su propia organización, las cuales funcionan de forma autónoma dentro de la federación regional.
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