Así lo han explicado este lunes los representantes de Stecyl en una rueda de prensa celebrada en Valladolid, en la que han manifestado su rechazo al acuerdo firmado a finales de marzo entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F, ya que lo consideran un acuerdo "de cúpulas y sin información ni consulta".
Estos acuerdos, han considerado los representantes de Stecyl, no conseguirán resolver el problema de interinidad que observan en la Educación en el caso de Castilla y León, con un total del 21,13 por ciento, según los datos de Stecyl, pese a que el consejero, Fernando Rey, haya anunciado la convocatoria de 1.300 plazas en los próximos años para consolidar empleo.
El portavoz de Stecyl ha incidido en que esas cifras no sirven para cumplir el objetivo fijado en el citado acuerdo laboral de lograr una tasa de interinidad inferior al 8 por ciento, ya que todavía existe un total de 5.500 plazas ocupadas por personal temporal.
Para los representantes de Stecyl, como ha señalado Cristina Fulconis, se debería apostar por un sistema de ingreso docente transitorio con al menos dos convocatorias por cuerpos, en el que se conjuguen "las aspiraciones legítimas del profesorado y personal público que trabaja como interino y de aquellos nuevos aspirantes", para lo que se debe favorecer la consolidación en el empleo de los trabajadores temporales e interinos y ofertar las nuevas plazas de jubilación y nuevas necesidades a los nuevos aspirantes.
Este sistema facilitaría la consolidación de empleo para quienes ya ocupan vacantes en el actual sistema y que ofrezca las plazas que se generen por nuevas jubilaciones o necesidades pudieran a quienes aún no han tenido la oportunidad de empezar a trabajar.
Además, en Castilla y León, reclaman a la Junta y la Consejería la negociación de las plazas adicionales para la estabilización del empleo y criterios que garanticen la disminución del porcentaje de interinidad hasta por debajo del 8% en el conjunto de las Administraciones públicas y del 6% en la Enseñanza Pública.
Reclaman, asimismo, que se incluya al personal docente de las universidades públicas y al resto de personal educativo no docente.
Por otro lado, piden que se eliminen los límites en la tasa de reposición y que al menos se garantice el 100 por ciento de la tasa de reposición en todos los sectores de las administraciones públicas y no sólo para las ofertas de empleo de 2017, pues advierten de que no se precisa nada "más allá de 2018 y 2019".
Por último, reclaman que desaparezca del articulado de la Ley de PGE de 2017 el párrafo segundo del artículo 19 Dos, que recoge la mención a que no se puede contratar al mismo trabajador con contrato de interino por un total de tres años.
A juicio de Fulconis, si no se avanza al menos en el ingreso transitorio, el proceso de estabilización del empleo docente que se va a iniciar "se puede convertir en un monumental ERE que deje en la calle a miles de profesores que ya han demostrado su idoneidad en anteriores procesos selectivos y por la experiencia acumulada a lo largo de años y años de docencia".
En opinión de los representantes sindicales, la estabilidad en el empleo público "no puede conseguirse mediante el despido injusto de una buena parte de quienes han sufrido la precariedad laboral debido a las decisiones abusivas de las administraciones", al tiempo que han rechazado las limitaciones que se han aplicado a las ofertas de empleo público desde 2011.
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