Según explican, tras una petición de Terraferida a la Conselleria de Medio Ambiente el 7 de octubre, en la que pedían información relativa a este centro, "la administración ha admitido por escrito que no ha pasado la EIA, un trámite legal al que debía someterse".
De esta manera, señalan que "la ley es clara, y dice que cualquier proyecto que genere incrementos significativos sobre el medio ambiente (por emisiones a la atmósfera, generación de residuos, utilización de recursos naturales etc.) debe pasar el trámite legal".
Así, explican que la EIA hubiera tenido que incluir también un estudio de movilidad, que habría podido prever el "caos circulatorio que generaría su apertura y "haber propuesto medidas para evitarlo".
La EIA, aseveran, también habría podido evitar "la falta de control sobre el tratamiento de los residuos generados por la edificación del centro, que terminaron sepultando un espacio protegido".
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