UE extiende misión contra mafias con nuevas tareas para supervisar a guardacostas libios y tráfico de petróleo

  • Los Veintiocho han extendido hasta el 31 de diciembre de 2018 el mandato de la operación de la UE contra las mafias que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo Central aunque han introducido algunas modificaciones para crear "un mecanismo de supervisión" de los guardacostas libios formados por la UE para garantizar su eficacia "a largo plazo" tras las denuncias de abusos a inmigrantes.
EUROPA PRESS

La operación también asumirá "nuevas tareas" para vigilar el tráfico ilegal de exportaciones de petróleo de Libia e intercambiar información sobre la trata de personas.

La extensión del mandato de la operación, que expiraba a finales de julio, se vio aplazada la semana pasada por las reservas de Italia, que trató sin éxito que otros países abrieran sus puertos a los inmigrantes rescatados para aliviarle de la presión migratoria, algo fuera de discusión para el resto. Tanto los inmigrantes rescatados como los traficantes detenidos por la operación europea son desembarcados todos en Italia, siguiendo las mismas normas de desembarco que las de la operación de Frontex.

La operación 'Sophia', lanzada en junio de 2015 con el objetivo de contribuir a romper el modelo de negocio de las mafias de inmigrantes en el Mediterráneo Central y cuyo mando se ha ofrecido España a ejercer en septiembre, asumió en octubre de 2016 dos tareas adicionales, contribuir a velar por el control del embargo de armas a Libia y entrenar a los guardacostas y efectivos de la Marina libios.

La misión europea también ha contribuido a entrenar a 136 guardacostas y oficiales de marina libios y espera formar a otros 75 en septiembre.

Ante las críticas de abusos a inmigrantes cometidos por guardacostas libios entrenados por la UE, los Veintiocho han respaldado la creación de "un mecanismo de supervisión" de los guardacostas libios formados por el personal de la misión para garantizar "la eficacia a largo plazo de la formación" y para ello han modificado el mandato de la operación, que ya incluía formación también en el respeto del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos.

También han modificado el mandato de la operación para que asuma "nuevas actividades de vigilancia" y para recopilar información sobre el tráfico ilegal de exportaciones de petróleo procedentes de Libia en cumplimiento con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y "aumentar" el intercambio de información sobre la trata humana con las autoridades policiales de los Estados miembro y las agencias europeas de control de fronteras Frontex y de cooperación policial Europol.

"En los próximos días empezaremos la revisión del plan operativo a fin de incluir las nuevas tareas tales como el mecanismo para supervisar las actividades posteriores a la formación de los guardacostas y de la Marina libios y para reforzar la eficacia de la misión", ha avanzado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, que ha celebrado la decisión unánime de los Veintiocho para renovar el mandato de la operación para "combatir juntos uno de los crímenes más despreciables" como es el tráfico humano y darle "tareas adicionales".

BALANCE HASTA LA FECHA

Hasta la fecha, la operación ha detenido a 110 presuntos traficantes y tratantes -entregados a las autoridades italianas para su eventual procesamiento-, ha neutralizado 463 barcos utilizados presuntamente para el tráfico humano y ha inspeccionado más de 700 embarcaciones para aplicar el embargo de armas impuesto por la ONU a Libia. En un caso, se incautó a principios de mayo, de varios tipos de armas, incluidas ametralladoras, fusiles Kalashnikov, lanzagranadas y granadas de mortero en un barco de bandera libia en aguas internacionales.

Sophia también ha contribuido a salvar más de 40.000 vidas, aunque apenas suponen el 12% del total de personas rescatadas.

La UE ha puesto el acento en la necesidad de intensificar la formación y equipar a los guardacostas libios para que ellos mismos puedan garantizar la seguridad en sus aguas territoriales, donde ocurren la mayor parte de los naufragios, dado que la operación solo puede operar en aguas internacionales y no tiene autorización para entrar en aguas libias. Ello requeriría el visto bueno de las autoridades legítimas libias y el aval del Consejo de Seguridad de la ONU.

El Gobierno de Roma ha preparado un Código de Conducta para impedir que las ONG que contribuyen a las operaciones de salvamento y rescate en la zona entren en aguas territoriales libias.

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