EL VENENO MATA CADA AÑO A 9.000 ANIMALES EN LOS CAMPOS ESPAÑOLES

- Según un informe de WWF y SEO/BirdLife. Los cebos envenenados causan la muerte de alrededor de 9.000 animales cada año y constituyen una de las principales amenazas para la biodiversidad en los campos de España, según el informe ‘El veneno en España. Evolución del envenenamiento de fauna silvestre (1992-2013)’, elaborado por WWF y SEO/BirdLife con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.
El informe fue presentado este jueves en una rueda de prensa en Madrid por David de la Bodega, coordinador de la Red Europea contra el Delito Ambiental de SEO/BirdLife; Juan Carlos Atienza, coordinador del Área de Conservación de Especies de SEO/BirdLife; Luis Suárez, responsable del Programa de Especies de WWF España, y Carlos Cano, del Programa contra el Veneno de WWF España.
Suárez señaló que el informe incluye datos oficiales “muy contundentes” y precisó que son “la punta del iceberg”, puesto que las organizaciones calculan que se sólo se localiza alrededor de un 10% de los casos reales de envenenamiento, ya que entre el 85 y el 97% de las especies envenenadas no se encuentran.
Así, entre 1992 y 2013 se detectaron 8.324 episodios de envenenamiento, lo que ha supuesto la muerte de 18.503 animales, por lo que las ONG calculan que la cifra real podría ascender a 185.000 animales, con una media de casi 9.000 muertes al año.
El mayor número de animales envenenados corresponde a las aves rapaces (34%), seguidas de los mamíferos domésticos (22%), principalmente perros y gatos; otras aves, como abejarucos o cigüeñas (11%); los carnívoros terrestres, como zorros (9%); las palomas (8%); los córvidos (5%), y los mamíferos silvestres, como jabalíes o conejos (3%).
Entre las aves rapaces, las más afectadas por el veneno son el buitre leonado, el milano real, el milano negro, el buitre negro y el alimoche común.
Por comunidades autónomas, estos episodios se producen más en Castilla y León (con un 23,5% de animales envenenados), seguida de Castilla-La Mancha (20,4%), Andalucía (19,4%), Cataluña (7,2%), Aragón (5,2%) y Murcia (4,6%).
LA CAZA ES LA PRINCIPAL CAUSA
Las principales causas del uso de cebos envenenados son la caza (79%), la ganadería (11%), la agricultura (4%), la colombicultura (2%), la taxidermia (1%) y las disputas vecinales (1%). De la Bodega comentó que “la España del norte está más vinculada al uso ganadero y la del sur, con la actividad cinegética”.
La mayoría de las sustancias encontradas son pesticidas que están prohibidos por la legislación. El ranking lo encabeza el aldicarb (37%), por delante del carbofurano (23%), la estricnina (6%) y el metomilo (3%).
Luis Suárez indicó que el veneno en el campo es “la muerte silenciosa que está afectando a algunas especies amenazadas y está poniendo en peligro proyectos de reintroducción”, como el del quebrantahuesos.
Suárez comentó que se han producido avances en los últimos años porque existe una estrategia nacional de lucha contra el veneno suscrita por todas las comunidades autónomas, hay protocolos de actuación y cada vez existen más patrullas especializadas y operativos de la Guardia Civil y en las administraciones autonómicas.
“Sin embargo, seguimos teniendo un grave problema. Falta todavía una mayor implicación a nivel político que se traduzca en más recursos y una acción más decidida a una mayor escala”, recalcó, antes de agregar que el uso de cebos envenenados constituye “un delito que veces no se toma suficientemente en serio”, puesto que entre 1992 y 2013 sólo se han dictado 60 sentencias penales condenatorias y se ha abierto un centenar de expedientes administrativos.
Por su parte, Juan Carlos Atienza destacó que España es “probablemente” el país europeo que más ha avanzado en la lucha contra el veneno, pese a lo cual unos 9.000 animales mueren cada año por este motivo. “No tenemos que caer en la autocomplacencia y tenemos que seguir poniendo más medios. El salto final es la concienciación final. Tenemos que convencer a la sociedad de que es intolerable que se siga poniendo veneno en el campo”, apostilló.
Atienza propuso cinco medidas para avanzar en este terreno: crear equipos de trabajo especializados; mejorar la capacitación y la formación; invertir recursos para mejorar los medios para necropsias, analíticas e investigación; tipificar como infracción la tenencia de sustancias tóxicas prohibidas, y aplicar los recursos normativos para incrementar las sanciones.