VIOLENCIA GÉNERO. LUZ VERDE POR UNANIMIDAD AL PACTO DE ESTADO EN EL SENADO

El Senado aprobó este viernes por unanimidad la ponencia de estudio para elaborar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, igual que sucedió el lunes con el borrador redactado a puerta cerrada por los grupos tras 66 comparecencias de expertas y representantes del mundo asociativo.

La oposición presentó varios votos particulares para ampliar el concepto de víctima de violencia de género e incluir la prostitución como hecho perseguible, pero todos ellos fueron rechazados.
Solo se aceptó un voto conjunto de todos los partidos que insta al Ejecutivo a impulsar los cambios legales necesarios para que ninguna víctima pueda ser acusada de sustracción de menores, "y evitar así casos tan lamentables como el de la granadina Juana Rivas".
A diferencia de lo sucedido con el acuerdo del Congreso, el informe del Senado ha sido respaldado por todos los grupos pese a sus discrepancias.
Entre las principales novedades de la ponencia, figura que las declaraciones de las víctimas
en el juicio oral puedan ser sustituidas por grabaciones en vídeo de su testimonio durante la fase de investigación, a fin de evitar "una segunda victimización y la impunidad de los agresores".
Según la portavoz del PP en la Comisión, Susana Camarero, muchas víctimas, debido a la situación tan difícil que atraviesan, se acogen a su derecho a no declarar y retiran la denuncia", con lo que el caso es sobreseído y el agresor queda impune.
Así lo aseguraron la mayoría de las representantes de asociaciones de mujeres y expertas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía que comparecieron para la elaboración de esta ponencia, dijo, quienes recomendaron revisar este derecho de dispensa.
Con todo, el texto propone crear una comisión de expertos para analizar si pese a la admisión de estas grabaciones como prueba preconstituida sería necesario reformar el citado artículo, en el sentido de limitar o no el derecho de dispensa de la víctima y de no ir contra ellas por falso testimonio u obstrucción a la justicia (en los supuesto de que cambien su declaración o de que se nieguen a comparecer).
LEY CONTRA LAS VIOLACIONES
Por otra parte, el informe exige un plan de acción para visibilizar la violencia sexual, también la que sufren menores, y apuesta por una macroencuesta que permita la recogida de datos fiables.
Apunta que "todavía queda mucha violencia sexual oculta que es preciso sacar a la luz", y pone como ejemplos sucesos tan "lamentables" como los ocurridos en las fiestas de San Fermín.
En la línea de ampliar el concepto de víctima de violencia de género, propone también una 'ley de violencias sexuales' y otra contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
El texto sugiere, asimismo, interumpir el régimen de visitas de menores a padres acusados de malos tratos mientras dure el proceso y se dicte sentencia; denegarles la custodia compartida (o retirársela si ya la habían conseguido); considerar a las madres de niños asesinados por su progenitor como víctimas de la violencia de género, y conceder prioridad en el acceso a vivienda protegida a las personas que se encarguen de la tutela o del acogimiento de los menores que se hayan quedado huérfanos debido a este delito.
En cuanto a la dotación económica, el acuerdo del Senado establece los mismos 1.000 millones de euros en cinco años que la subcomisión del Congreso. De dichos fondos, 100 millones corresponderán a los ayuntamientos, 500 a las Comunidades Autónomas y 400 millones serán responsabilidad del Estado.
DISCAPACIDAD
De las 267 medidas previstas en el texto, 18 se refieren a víctimas con discapacidad, para las que existe un apartado específico.
Este reclama cambios en los reglamentos de las casas de acogida para que la discapacidad no sea motivo de exclusión como sucede en la actualidad, y pide elaborar una macroencuesta a fin de conocer el alcance real de esta violencia entre el colectivo de personas con discapacidad.
Asimismo, sugiere formación específica para que las niñas y jóvenes discapacitadas sepan reconocer los malos tratos, y formación especializada a los profesionales sanitarios, sociales y judiciales que trabajan con estos grupos.
Además, el informe recomienda fomentar el juego y los juguetes igualitarios mediante campañas y ampliar las sanciones
administrativas a los clubs que permitan apología de la violencia de género en los acontecimientos deportivos y propone elaborar materiales educativos para profesores y alumnos sobreeducación afectivo-sexual, resolución pacífica de conflictos, roles de género, trastornos en la alimentación, los mitos del amor romántico, el control y las redes, el cuerpo y la importancia del consentimiento y el respeto a la diversidad y a las personas LGTBI.
También insta a a estudiar la posibilidad de que la confesión del asesinato no sea motivo de atenuante en los casos de violencia de género, a fin de evitar la rebaja automática de las penas, y defiende tipicar como delitos penales la suplantación de la identidad en las redes sociales.
Asimismo, recomienda prohibir a los agresores el uso de Internet y de las nuevas tecnologías como medida de alejamiento.
Por último, el texto del Senado coincide con el del Congreso en exigir que las víctimas tengan acceso a apoyo y recursos sin necesidad de presentar denuncia, pudiendo ser acreditada su condición por los servicios sociales o sanitarios.

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