El abogado Manuel Prieto, que defiende al maquinista Francisco Garzón, investigado en la causa por el accidente del tren Alvia en Angrois, subraya que si el riesgo se hubiera analizado "nunca debería haberse producido" el siniestro, "aún con el despiste" de su cliente, puesto que se habrían implantado las medidas de seguridad oportunas.
Y matiza que Garzón "no es que se despistase, es que le despistaron", en relación al hecho de que recibió una llamada del interventor poco antes de la llegada del convoy a Santiago y en un contexto en el que Renfe no tenía prohibido el uso del móvil corporativo en cabina.
En declaraciones a Europa Press, Prieto valora que el mantenimiento de la investigación al que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, "era lo menos que se podía esperar".
Así, destaca que la Audiencia Provincial, en su auto de desestimación de los recursos tanto de Adif como de Cortabitarte, "dice que el método común de seguridad era de aplicación, que hubo un cambio significativo con la construcción de una nueva línea y que, si era un cambio significativo, se tenía que haber aplicado el método común de seguridad".
Preguntado por la reacción de Adif, que ha visto "atenuados los términos de la imputación" de Cortabitarte, actualmente subdirector de Gestión Logística de Aprovisionamiento, el letrado que representa al maquinista considera que así es, pero "porque lo otro era muy grave". "Si hubiera recibido el aviso directo sobre la curva y no hubiera hecho nada, sería más que una mera negligencia", reflexiona.
Y a continuación, además, destaca que "sí tuvo el aviso de Mazaira", por el jefe de maquinistas que, poco después de inaugurada la línea Ourense-Compostela, comunicó que la transición de la curva de A Grandeira (había que reducir de unos 200 a unos 80 kilómetros por hora) estaba señalizada de manera deficiente.
Sobre el hecho de que los magistrados de la Audiencia se centren en la evaluación de riesgo sobre un único subsistema --el de control, mando y señalización, que atañe al ERTMS--, Manuel Prieto resalta que "tendrá que ponerse en relación" con el resto de elementos del sistema ferroviario, por el tren, la infraestructura, etcétera.
"A ver si esto se queda aquí", afirma, aludiendo al informe que ya en su día emitió la Agencia Ferroviaria Europea sobre la investigación de la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), que "no solo" se centraba en Adif.
NUEVAS DILIGENCIAS
Ahora, el abogado del conductor recuerda que el juez tendrá que pronunciarse sobre las múltiples diligencias que tienen solicitadas las partes, y acerca de las cuales acaba de indicar que diría algo "a la espera" de la resolución de la Audiencia.
Por su parte, Prieto entregó un escrito con el que apuntó a Renfe para tratar de eliminar o reducir la responsabilidad penal de su defendido. Reclamó, en concreto, que se requiriese de la operadora ferroviaria numerosa documentación, con la intención de evidenciar que no cumplió con "sus obligaciones de protección".
La plataforma de víctimas solicitó que tres personas más sean investigadas por su relación con el siniestro: Manuel Besteiro Galindo, también director de seguridad en la circulación de Adif; Fernando Rebón Sartal, gerente del área de seguridad en la circulación noroeste de Adif; y José Antonio García Díez, jefe de inspección de la gerencia de área de seguridad en la circulación noroeste de Adif.
A nivel particular, una de las afectadas por el descarrilamiento, Teresa Gómez-Limón, demandó al juez que llame para comparecer en la causa en calidad de investigados a varios cargos de Renfe, Adif y el Ministerio de Fomento.
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