La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, la comisaria principal Pilar Allúe, ha avisado este martes de que puede incurrir en un delito de odio quien envíe anónimos en los buzones en las casas del personal sanitario o les acose fuera del lugar del trabajo, como por ejemplo en el supermercado, por miedo a que contagien el coronavirus.
En la rueda de prensa diaria de los técnicos al frente del comité de crisis del coronavirus, Allúe ha valorado estas conductas como "denunciables, perseguibles y altamente reprobables por cualquier persona de bien".
En concreto, le han preguntado a la responsable policial por algunas denuncias que reportan episodios de acoso a sanitarios a través del envío de anónimos en los buzones de sus casas para instarles a que no vuelvan a sus domicilios por el miedo de algunos vecinos a ser contagiados. Estos episodios también habrían ocurrido al detectar a este personal haciendo la compra en el supermercado.
En la pregunta de la prensa se pedía que concretara si esto es una práctica habitual. La comisaria no ha dado detalles y se ha limitado a recordar que la Policía "sigue trabajando" y que "las comisarías no están cerradas y se sigue persiguiendo a los criminales", incluyendo a los que pueden encuadrarse en delitos de odio "como pueden ser las conductas mencionadas".
Condena del Consejo General de Enfermería
El Consejo General de Enfermería ha condenado la "baja catadura moral" y "manifiesta insolidaridad" de aquellos vecinos que "hostigan" con carteles "amenazantes" a los profesionales sanitarios que luchan contra el Covid-19 para que abandonen su vivienda por "miedo" a ser contagiados.
"No cabe mayor desprecio para los miles de profesionales también empleados de supermercados o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad- que se juegan su propia salud para cuidar, atender o proporcionar seguridad a todos los ciudadanos", ha dicho el organismo.
Y es que, tal y como ha recordado el organismo, la Policía Nacional ha asegurado que este tipo de comportamientos, además de "manifiestamente incívicos", pueden ser considerados como delitos de odio y, por tanto, ser denunciables y perseguibles.
De hecho, prosigue, distintos medios de comunicación, así como las redes sociales, se han hecho eco de la aparición de carteles anónimos en los bloques de viviendas donde residen enfermeras, enfermeros u otros profesionales sanitarios en los que les invitan a abandonar su propia vivienda o aquella de alquiler en la que habitan. Se han dado casos de daños materiales causados por rociar la puerta de la vivienda con lejía y caseros que han intentado desahuciar a su inquilino.
"No cabe mayor desprecio hacia los profesionales sanitarios que están arriesgando su vida y entregándola, incluso, por la salud de los demás. Los carteles y amenazas, el acoso hacia ellos por parte de vecinos insolidarios e ignorantes nos parecen comportamientos incívicos e inaceptables, que no estamos dispuestos a consentir", ha dicho el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.
Por ello, ha informado de que los servicios jurídicos de la organización colegial estudiarán "en profundidad" todos los casos que se les comuniquen con el fin de que todo el peso de la Ley caiga sobre quienes "hostigan" a los profesionales que están luchando "sin descanso" para combatir la mayor emergencia en materia de salud pública de la historia reciente.
Finalmente, el organismo ha mandado un mensaje de "ánimo" a las víctimas de este "repugnante acoso" y ha recordado a los profesionales de Enfermería que su "impagable labor" por los ciudadanos está "fuera de toda duda y no quedará empañada por el comportamiento insolidario de una exigua minoría".
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