Altos cargos militares colombianos, juzgados por presunta complicidad con paramilitares

(Este reportaje forma parte de una serie doble. Si quieres leer la primera parte, publicada ayer en lainformacion.com, pincha aquí).

(Bogotá, Colombia). Los oficiales, que se enfrentan a cargos de homicidio, conspiración criminal y actos barbáricos, podrían cumplir penas de hasta 40 años de cárcel.Pero no ha sido fácil hacer que los militares se sentaran en el banquillo. Al día siguiente de que comenzase el juicio, en diciembre pasado, se tuvo que posponer debido a problemas con el archivo de los testimonios. Cuando volvió a comenzar, en febrero, se tuvo que suspender de nuevo porque el departamento de prisiones de Colombia no había trasladado a varios militares y testigos para comparecer en el juicio.

El juicio podría ayudar a esclarecer el papel desempeñado en lo sucedido por los generales que están en la cima de la jerarquía militar. Pruebas basadas en entrevistas con oficiales militares y documentos judiciales a los que ha tenido acceso GlobalPost demuestran que el ex comandante del Ejército de Colombia, el general Mario Montoya, un aliado de confianza de EE UU, ayudó a planificar la operación que condujo a la masacre.

De momento se han emprendido pocas acciones contra Montoya u otros oficiales superiores.Todos los oficiales sentados en el banquillo, excepto uno, niegan cualquier responsabilidad en las muertes acaecidas en 2005 en San José de Apartado. Las preguntas más polémicas aún no tienen respuesta: ¿quién decidió trabajar con las fuerzas paramilitares? ¿quién contrató a sus miembros como guías? ¿quién ocultó la participación de los militares?

Los guías

Cuando los militares decidieron que necesitaban guías para la operación, no contactaron con civiles desarmados o desmovilizados, lo que habría sido legal. En vez de eso, según los documentos en poder del tribunal, los militares utilizaron a miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según los oficiales que están siendo juzgados, la orden para contratar guías llegó de sus superiores, del propio Montoya.

Montoya, conocido por su implacable lucha contra los insurgentes, alcanzó el escalafón máximo de las fuerzas armadas de Colombia en el año de la masacre, en 2005. Hombre de confianza de Estados Unidos, durante su mandato supervisó unas fuerzas armadas que recibieron más de 1.000 millones de dólares en ayuda militar del Gobierno estadounidense. Su carrera alcanzó el cénit en julio de 2008, durante la complicada operación de rescate de rehenes de la guerrilla entre los que se encontraba Ingrid Betancourt.

Pero Montoya acabó cayendo en desgracia y anunció su retirada en medio de un escándalo por “falsos positivos” en una matanza de civiles, y que algunos soldados habían presentado como muertes en combate. Mario Montoya es ahora embajador de su país en la República Dominicana.

Según han confirmado cuatro coroneles, en febrero de 2005 Montoya viajó como comandante de la Primera División al cuartel de la 17 Brigada para planear una respuesta a una emboscada mortal de las FARC en la que murieron 19 soldados. Montoya reconoce que acudió a esa reunión, pero dice que no fue allí para planificar una operación, que según él es algo que no entraba dentro de su rol como comandante del Ejército.

El comandante del batallón, el coronel Néstor Duque, declaró a los fiscales que Montoya prácticamente ordenó en esa reunión que se utilizasen guías. El coronel Orlando Espinosa, cuyo batallón está acusado de realizar la operación, afirmó en una entrevista que Montoya había dicho a los oficiales de brigada: “Si no hay guías, no sigan con la operación”.

Cinco años después de esa reunión, Montoya no puede recordar si habló sobre los guías cuando visitó la brigada, según comentó a GlobalPost en una entrevista telefónica desde República Dominicana, y niega cualquier implicación en los hechos que se produjeron.Pero parece ser que entre los militares se entendía que el “uso de guías” en las operaciones se refería al uso de combatientes paramilitares, aunque fuese algo ilegal.

La práctica se remonta a 1981, año en que los fundadores de las AUC comenzaron a ayudar a guiar operaciones militares.Un capitán retirado que sirvió en el Ejército colombiano hasta 2002 dice que “nunca hubo guías civiles. Si alguien era guía, era o bien paramilitar, o bien un antiguo guerrillero”. El capitán, que no quiere revelar sus nombre por motivos de seguridad, dice que el uso de guías en la Brigada 17 era parecido al de otras brigadas en las que sirvió. “El 90 por ciento eran paramilitares”.

Varios paramilitares encarcelados han confesado que sus hombres sirvieron como guías en muchas operaciones militares. El líder de las AUC extraditado Freddy Rendón Herrera confirmó que la Brigada 17 utilizó guías paramilitares durante una operación en 1997. Esa brigada ha sido acusada reiteradamente de colaborar con paramilitares.

El líder paramilitar Diego Fernández Murillo Bejarano, extraditado a EE UU, dijo en una declaración grabada en vídeo en 2009 que él y sus hombres trabajaron con la Brigada 17 y con el propio Montoya. Montoya en cambio dice que jamás se reunió con Murillo Bejarano.

El encubrimiento

Documentos judiciales y entrevistas sugieren que durante años los oficiales militares han intentado ocultar el papel del Ejército en la masacre de San José de Apartado, condenada por gobiernos y grupos de derechos humanos. “Los militares intentaron desviar la investigación”, asegura un funcionario de la oficina del Fiscal General que está familiarizado con el caso y que no quiere que se publique su nombre.

En el juicio que se celebra en Bogotá se investiga a 10 oficiales militares, y sus testimonios quizás ayuden a esclarecer los pasos que dieron sus superiores para ocultar lo que ocurrió bajo sus órdenes.En el intento de encubrir los hechos hubo maniobras para crear confusión y algunos chivos expiatorios.

Tras la matanza, los militares no informaron de ninguna de esas muertes. El gobierno rechazó las acusaciones sobre el papel de los militares en los hechos denunciados. Posteriormente, para acabar con cualquier duda, los militares presentaron ante el Congreso y en la oficina del vicepresidente de Colombia a antiguos guerrilleros que aseguraron que las FARC eran quienes habían cometido esos crímenes.

Pero en 2009 uno de los guerrilleros se retractó de la historia que había repetido durante años. El ex miembro de las FARC, Apolinar Guerra, dijo que Duque le había chantajeado a él y a otros compañeros para que atribuyesen la masacre al grupo revolucionario.

En una entrevista realizada en el negocio de pescado que dirige ahora en Bogotá, el coronel retirado dijo que esas acusaciones eran absurdas. Duque ha sido acusado, pero no está detenido.

El ex líder paramilitar Ever Veloza también ha testificado contra Duque. Veloza, que ha sido extraditado a EE UU, ha dicho a los acusadores colombianos que su bloque de las AUC prestó guías a Duque. También asegura que el coronel les pidió dinero para pagar a los ex guerrilleros que testificaron que las FARC eran los responsables de la masacre, y que también solicitó permiso para matar a un guía paramilitar que había empezado a hablar del tema. Duque rechaza enérgicamente esas acusaciones.

Testimonios y entrevistas con miembros del Ejército colombiano sugieren que el código de silencio que rodea el papel de los militares en los acontecimientos salió de las altas jerarquía de la brigada.En febrero de 2007, el general Héctor Fandino, que había estado al frente de la Brigada 17 durante la masacre, convocó una reunión en el cuartel general de la unidad en Carepa, según confirmaron dos de las personas que acudieron y que no quieren revelar sus identidades.

Varios de los oficiales de la brigada, abogados militares y más de 60 soldados que figuraban entre los principales sospechosos acudieron a la reunión.“Nos preguntaron qué era lo que pensábamos declarar”, recuerda un oficial. “Fandino ordenó que nadie dijera que había guías”, asegura otro de los asistentes.

Fandino, que ahora está retirado, dice que acudió a la reunión porque coincidió que estaba por la zona y creía que podía ayudar a defender a sus antiguas tropas. Niega haber hablado sobre el tema de los guías.

El capitán Guillermo Gordillo, el único oficial que admite su responsabilidad en los hechos tras haber llegado a un acuerdo con la acusación y condenado a 20 años de prisión, aseguró a los fiscales que Fandino le había dado instrucciones para que no dijese jamás que se habían utilizado guías, y que le había dicho que antiguos guerrilleros iban a decir que las FARC estaban detrás de lo sucedido. Fandino no ha querido hacer declaraciones a estas acusaciones de Gordillo, argumentando que si lo hace podría interferir en su defensa legal.

Los generales

De momento, apenas ha habido movimientos por parte de la oficina del Fiscal General para investigar el papel de los generales en la operación y en lo ocurrido posteriormente, según algunas denuncias públicas.“El antiguo comandante del Ejército [el general Montoya], un favorito de EE UU, ordenó el uso de guías en el contexto de una colaboración regular entre el Ejército y los paramilitares, y no está siquiera siendo investigado por ello”, asegura John Lindsay-Poland, de la organización estadounidense pro derechos humanos Fellowship of Reconciliation.

“Tenemos que tener cuidado en no llamar a todos y cada uno de los generales”, afirma el Fiscal General en funciones Guillermo Mendoza.El único general militar implicado en la investigación es Fandino, pero hay escasos indicios de avances en la investigación.

Según Mendoza, su oficina acaba de obtener el contacto y curriculum vitae de Fandino, y analizará las evidencias disponibles antes de seguir investigando. Cuando se le pregunta si la fiscalía tiene intención de investigar a los generales, Mendoza dice “Siempre estamos dispuestos a ello. Lo que ocurre es que tenemos que confirmar los hechos”.

Esos hechos son difíciles de corroborar. Los relatos de los oficiales ofrecen una amplia visión de lo que fue la operación militar y la masacre que se produjo. Pero buscar a los culpables de los detalles específicos no resulta una tarea fácil para la acusación.