Amenazaban con vudú a jóvenes nigerianas para que se prostituyeran

La Policía Nacional ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a seis personas que formaban parte de una banda de nigerianos que se dedicaba a prostituir a mujeres de su país, a las que, incluso, amenazaban con vudú para que no abandonaran esta actividad.
Según informó la Policía, los arrestados amenazaban también a las mujeres con el secuestro de familiares. En el registro de los prostíbulos se han intervenido 20.000 euros en efectivo y numerosos pasaportes de mujeres de origen subsahariano
La investigación se inició a finales de 2010, cuando se detectó la existencia de un grupo de víctimas que habían sido explotadas sexualmente por este grupo organizado. La red, ahora desmantelada, captaba a mujeres en Nigeria y después las introducían de manera ilegal en España para ser obligadas a ejercer la prostitución.
La organización, cuyos miembros eran todos de nacionalidad nigeriana, reclutaba a las mujeres en distintos pueblos del país africano. La captación la llevaban a cabo los familiares de los cabecillas de la organización. Además, habían constituido una asociación para atraer a la mujeres, denominada "Nigerian Progressive Women Movement", a través de la cual incluso habían solicitado subvenciones de la Junta de Andalucía, ayudas que no les fueron concedidas.
Posteriormente, las victimas eran trasladadas con documentación falsa y vía terrestre hasta Marruecos. Atravesaban otros países del continente africano como Benín, Níger, Mali y Argelia. Una vez en las costas marroquíes, la organización contactaba con ciudadanos de este país, quienes, a cambio de grandes sumas de dinero, les vendían una plaza en una patera para llegar a la península. Durante este largo viaje, que podía durar varios meses, las jóvenes sufrían numerosas calamidades.
Tras cruzar el Estrecho, y ya en España, la red dirigía a las víctimas hasta Roquetas de Mar, donde las obligaban a ejercer la prostitución con constantes palizas y amenazas. Las mujeres se veían obligadas a trabajar durante más de dos años hasta que obtenían la libertad. La deuda alcanzaba generalmente los 50.000 euros, aunque en ocasiones, en función de cómo se comportaran las jóvenes, los ahora detenidos podían aumentar esta cantidad en concepto de gastos diarios de ropa o manutención.