Amnistía cree que el decreto sobre convenios sanitarios especiales puede poner en peligro la salud de los inmigrantes irregulares


Amnistía Internacional (AI) considera que la adopción del Real Decreto (RD)576/2013, de 26 de julio, por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias de la sanidad pública puede poner en peligro la salud de los inmigrantes en situación irregular.

En un comunicado, Amnistía recuerda que los estándares internacionales sobre el derecho a la salud exigen la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales de éste.
La organización muestra su preocupación porque el cobro de servicios de asistencia sanitaria y prestaciones farmacéuticas pudiera establecer barreras económicas que puedan poner en peligro el acceso al derecho a la salud de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Asimismo, recuerda al Gobierno que España debe respetar su obligación en materia de derechos humanos de no discriminar a los grupos más vulnerables restringiendo desproporcionadamente su acceso a atención y servicios médicos mediante la imposición de tarifas irrazonablemente altas.
"Aplicar tarifas significativamente más altas para el tratamiento médico según la ciudadanía, la residencia o la condición de migrante constituye una discriminación ilegal y es una medida claramente desproporcionada por su efecto sobre algunas de las personas con menos recursos económicos que viven en España", subraya Amnistía.

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