Amnistía reclama un plan estatal de lucha contra el racismo

Amnistía Internacional (AI) pidió este lunes al Gobierno que promueva un plan estatal integral de lucha contra el racismo y la xenofobia, ya que, a su juicio, "la naturaleza y las dimensiones de la discriminación y el racismo en España siguen siendo, a día de hoy, desconocidas para las autoridades españolas".
AI lanzó esta petición con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra hoy, 51 años después de la masacre de Sharvepille (Sudáfrica), en la que la policía abrió fuego y mató a 69 personas de raza negra, entre ellas mujeres y niños, en una manifestación pacífica contra el "apartheid".
Esta organización afirmó que, pese a los datos que alertan del incremento de las actitudes negativas hacia las minorías y personas migrantes o a las denuncias de incidentes discriminatorios, "las autoridades no han hecho suficientes esfuerzos para abordar el problema ni han prestado la atención necesaria a las víctimas".
Para abordar esta cuestión, Amnistía propuso al Gobierno español que recoja y publique información y datos estadísticos sobre la situación de algunos grupos y sobre su acceso a algunos derechos, como la educación, la sanidad o la vivienda.
Amnistía recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de la ONU, ha emitido recientemente un informe en el que pide a España que acabe con los controles policiales de identificación de inmigrantes basados en "perfiles étnicos y raciales", ya que conllevan en la práctica "detenciones indiscriminadas" y "restricción de derechos" de estas personas.
Además, Amnistía ha contactado con los grupos parlamentarios para que modifiquen el artículo 31 bis de la Ley de Extranjería, para que se garanticen los derechos humanos y la protección de las mujeres extranjeras en situación irregular que sufren violencia de género.
La organización también ha pedido al Gobierno que tome medidas para garantizar los derechos de las personas migrantes que se encuentran en los centros de internamiento para extranjeros y elabore, como se comprometió, un reglamento para garantizar condiciones de vida, acceso a información, asistencia legal, atención médica y acceso a organizaciones no gubernamentales.