(ampliación) inmigración. El senado reclama un plan de actuación en ceuta y melilla para 2014-2018

El Senado aprobó este miércoles con los 163 votos a favor de los grupos del PP, CiU y el PNV reclamar al Gobierno que diseñe y ejecute, en coordinación con las autoridades de Ceuta y Melilla, un plan de actuación en las fronteras de esas ciudades para el período 2014-2018.
La iniciativa surgió de una moción del Grupo Popular que presentó su senador y presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que aceptó las enmiendas presentadas por PNV y CiU.
Los nacionalistas catalanes añadieron al plan de actuación propuesto por el PP la exigencia de que se elabore y aplique en tres meses y los vascos la creación de una comisión en el Senado que evalúe los resultados cada seis meses.
Por el contrario, el PSOE, Izquierda Unida y la Entesa Catalana de Progrès reunieron 71 votos para rechazar la moción, de la cual compartían el contenido pero no aceptaron lo que a su entender era un ardid parlamentario.
Según estos grupos, al presentarla con una apariencia de plan de actuación en mejora de infraestructuras y ayuda a Ceuta y Melilla reivindicado por el presidente de esta última, el PP pretendía concitar un pacto de Estado obviando las “responsabilidades políticas” de la tragedia de El Tarajal, la concertina de la valla de Melilla y, en general, el fondo de la política inmigratoria del Gobierno.
PRESIÓN MIGRATORIA
Efectivamente, Imbroda justificó la moción por la necesidad de que Ceuta y Melilla reciban ayuda para "despegar" de la crisis con la misma rapidez que el resto de España, pues la presión migratoria se une a la falta de materias primas, la imposibilidad de desarrollar una industria y las tasas de paro y fracaso y abandono escolar. "No queremos subvenciones sino instrumentos para, dentro de nuestras posibilidades, buscar un desarrollo sostenible", aclaró.
El presidente melillense concretó que las barriadas periféricas necesitan "una actuación urgentísima en equipamiento social e infraestructuras", que se han de modernizar los pasos fronterizos y posiblemente abrir alguno más de los dos que existen en cada una de las ciudades autónomas y que se deben mejorar las comunicaiones con la península.
También pidió inversión en educación, actualizar la financiación autonómica, actualizar la Ley de Extranjería y limitar el ingreso de inmigrantes en los centros de estancia temporal a la capacidad real que tengan éstos y reiteró su "apoyo inequívoco" a la Guardia Civil y la Policía en su difícil pero imprescindible tarea de salvaguardar la frontera.
Jokin Bildarratz, desde el PNV, y Jordi Miquel Sendra, desde CiU, mostraron su apoyo a la moción y defendieron sus respectivas enmiendas para concretar el objeto de la misma. Bildarratz lamentó que, cinco meses después de la tragedia de Lampedusa, la UE aún no haya adoptado medidas conjuntas para hacer frente a la presión sobre su frontera sur, criticó las devoluciones en caliente y se opuso a reformar la Ley de Extranjería.
Sendra aclaró que su apoyo no obstaba para que se hiciera "caer todo el peso de la ley" sobre los responsables de la tragedia de Tarajal ni para que su grupo exigiera además una solución a la política de inmigración que "no pase por la represión sobre seres humanos".
También adelantó su rechazo a una enmienda del PSOE que exigía, a la vez, "responsabilidades" por los hechos de Tarajal, pues desde su punto de vista "hoy no se ha de hacer toda la sangre que se pueda".
LOS VOTOS EN CONTRA
El parlamentario socialista Enrique Cascallana defendió esa enmienda, calificando de "contrasentido" que la moción instara a un pacto de Estado cuando el Ministerio del Interior no ha querido, dijo, dialogar con su partido.
Describió la iniciativa como "una cortina de humo" para soslayar las responsabilidades por la tragedia de Tarajal, respecto a la que acusó al secretario de Estado y el director de la Guardia Civil de mentir acerca de la utilización de medios antidisturbios.
También criticó las "devoluciones en caliente" incumpliendo la ley española y los tratados internacionales y pidió eliminar la concertina de la valla de Melilla, que "es inútil" y "sólo causa lesiones". Finalmente, denunció el recorte en el presupuesto de cooperación que ha decidido el Gobierno.
En una línea similar se posicionaron Jesús Enrique Iglesias, de IU, y Joan Sabaté, de la Entesa. Iglesias dijo que era imposible hablar de lo que planteaba la mocion sin hablar a la vez de política de inmigración en general, de las recomendaciones de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, acerca de la concertina y las devoluciones en caliente, y lamentó que la iniciativa del PP apoyada por CiU y PNV hiciera "abstracción de todo esto".
Sabaté reconoció la "habilidad política" de Imbroda al plantear la moción como un plan estratégico de inversión en Ceuta y Melilla, cuando a su modo de ver el tema central es el control de las fronteras, inútil de tratar mientras la UE no se implique. Según interpretó, era un modo de "salir al paso de la avalancha de críticas" sufrida por el Gobierno tras los hechos de Tarajal, y de "eludir" sus responsabilidades políticas.
Cascallana recordó las "desafortundadas" palabras de Imbroda cuando se preguntó si había que recibir a los inmigrantes con azafatas, y consideró "básico" para el entendimiento entre ambos partidos el respeto y la solidaridad hacia los inmigrantes.
Según dijo, en esa línea se han pronunciado instituciones tan diversas como la defensora del Pueblo, los sindicatos policiales, la Fiscalía, el Consejo de la Abogacía y las ONG.
Imbroda replicó que no podía entender cómo la moción no concitaba la unanimidad del Pleno del Senado, dijo que no aceptaba "excusas" de los grupos de izquierda y recordó que la concertina en la valla de Melilla la puso el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, defendió que, aunque muchas cosas dependan de la UE, primero haya que intentar llegar a un pacto en España y, en última instancia, dijo que la cuestión se limitaba a si había que dejar pasar a todos los inmigrantes, legales e ilegales.