Amplio rechazo en Cataluña al decreto que deja sin sanidad a los inmigrantes

  • La Mesa Ciudadanía e Inmigración de la Generalitat, integrada por sindicatos, patronales, ayuntamientos, ONG y entidades sociales ha exigido al Gobierno la retirada del decreto que restringe el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes en situación irregular.

Barcelona, 23 may.- La Mesa Ciudadanía e Inmigración de la Generalitat, integrada por sindicatos, patronales, ayuntamientos, ONG y entidades sociales ha exigido al Gobierno la retirada del decreto que restringe el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes en situación irregular.

La Mesa ha expresado su apoyo a la decisión de la Generalitat de no aplicar este decreto y ha pedido al gobierno catalán que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que el decreto gubernamental representa una invasión de competencias ejecutivas de Cataluña.

En un manifiesto aprobado por la Mesa, los integrantes recuerdan que el artículo 23 del Estatut d'Autonomía reconoce que "todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública" e igualmente que la Constitución obliga a los poderes públicos a tutelar la salud pública "a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios".

Según la Mesa, "el decreto 16/2012 del Gobierno central vulnera todas estas normativas, que son de rango superior, eliminando derechos que afectan a diferentes sectores de nuestra sociedad y de manera especial a las personas inmigradas en situación administrativa irregular o aquellas que hayan caído en la irregularidad a causa de la crisis".

"Consideramos -añade el manifiesto- que las medidas preventivas en sanidad no se pueden llevar a cabo si una parte importante de la sociedad no tiene derecho de acceso a la sanidad pública".

La Mesa reafirma su compromiso con el contenido del Pacto Nacional para la Inmigración "que reconoce la igualdad de trato entre todas las personas empadronadas en Cataluña en el acceso a los servicios públicos".

"No podemos permitir más retrocesos, tenemos que defender un modelo de Estado de derecho que se fundamente en la igualdad y la justicia social, que sea garante de los Derechos Humanos para todas las personas que viven en Cataluña. Un reto que hemos de tomar desde el conjunto de la sociedad catalana, pues estamos hablando del futuro de nuestro país", concluye el manifiesto.

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