Anuncio sobre posible suspensión de deportaciones reanima debate migratorio

Washington, 18 ago.- La decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de revisar "caso por caso" la deportación de 300.000 indocumentados reanimó hoy el debate sobre la inmigración ilegal pero también levantó falsas esperanzas sobre un posible alivio migratorio.

Funcionarios de alto rango de la Casa Blanca y del DHS anunciaron que un Grupo de Trabajo revisará los 300.000 casos pendientes en los tribunales de inmigración para centrarse en los criminales y suspender la expulsión de indocumentados que no representen un peligro para la seguridad pública.

Decenas de demócratas y grupos pro inmigrante calificaron el anuncio como un buen primer paso hacia una política migratoria "más sensata", mientras que republicanos y grupos conservadores afines lo tacharon como una inmerecida "amnistía por la puerta trasera".

Entre los demócratas, tanto el legislador Luis Gutiérrez como el senador Dick Durbin, ambos de Illinois, consideraron que la medida frenaría la deportación de estudiantes indocumentados que podrían beneficiarse del "Dream Act" si la aprueba el Congreso.

"Esto es una victoria no sólo para los inmigrantes sino también para el pueblo estadounidense entero porque no tiene sentido deportar a estudiantes (beneficiarios) del Dream Act y a otros que pueden hacer grandes contribuciones a EE.UU. y no suponen una amenaza", dijo Gutiérrez, secundado por el senador demócrata Michael Bennet.

Grupos como CASA de Maryland, America's Voice, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU) y el Movimiento por una Reforma Migratoria Justa, aplaudieron la decisión pero señalaron que el siguiente paso lógico es suspender la deportación de todos los indocumentados y poner en marcha una reforma.

Pero el legislador republicano de Texas, Lamar Smith, dijo que esto no es más que una "amnistía por la puerta trasera", e instó a Obama a que haga cumplir las leyes de inmigración sin dar trato preferencial a nadie.

Dan Stein, presidente de la conservadora Federación para una Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR), señaló que los grupos pro reforma nunca han logrado que el Congreso o la opinión pública apoyen una "amnistía".

Al no lograrla por la vía legislativa, ahora el Gobierno de Obama "simplemente ha decidido usurpar la autoridad constitucional del Congreso para aplicar un programa de amnistía para millones de extranjeros ilegales", se quejó Stein.

El anuncio se produjo tras meses de presión por parte de activistas pro reforma y protestas en contra del programa "Comunidades Seguras", diseñado para deportar a criminales peligrosos, a los detenidos en la frontera y a quienes continúan violando las leyes de inmigración.

Bajo ese programa, sin embargo, también se ha deportado a personas por infracciones menores. En el año fiscal 2010, cerca de 200.000 indocumentados sin antecedentes penales fueron deportados, según cifras oficiales.

Según las autoridades, los indocumentados a los que se les suspenda la deportación podrían solicitar un permiso de trabajo, aunque no lo conseguirían de forma automática ni garantizada y también quedará sujeto a una revisión "caso por caso".

El cambio sólo se aplicará a los 300.000 casos pendientes en los tribunales, agregaron, por lo que sólo una reforma migratoria resolvería la situación de los once millones de indocumentados en EE.UU.

Sin embargo, la falta de claridad llenó Twitter de comentarios, como el del activista José Antonio Vargas, sobre un posible alivio temporal para los indocumentados.

El temor es que abogados sin escrúpulos ofrezcan sus servicios o que los propios indocumentados se hagan arrestar para que, si se descarta su caso, puedan solicitar permiso de trabajo. Justo lo que la Casa Blanca quiere evitar.

"Tiene que haber una mejor explicación para que la gente no sea víctima de fraude y falsas promesas de estatus legal y tarjeta verde a raíz de este anuncio" dijo a Efe Douglas Rivlin, portavoz de Gutiérrez.

Gutiérrez invitó al director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, a que explique con detalles cómo funcionarán las nuevas directrices cuando el Congreso reanude sus sesiones el mes próximo, y su oficina ha prometido informar al público "en cuanto sea posible", dijo Rivlin.