Lunes, 18.12.2017 - 08:02 h

Gobierno destina más de 250.000 euros a contratación de trabajadores de centros especiales de empleo

Gobierno destina más de 250.000 euros a contratación de trabajadores de centros especiales de empleo

Las entidades beneficiarias son Ampros Talleres Montañeses (88.800 euros), Serca Patronato Municipal (15.600 euros), Soemca Empleo (87.868 euros), Saema Empleo (45.410 euros), Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente (7.314 euros) y Columbia Cintas de Impresión (5.677 euros).

Las unidades de apoyo de estos centros son los equipos multiprofesionales enmarcados dentro de los servicios de ajuste personal y social que permiten ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas con discapacidad de dichos centros pueden tener en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión del mismo.

En su reunión semanal, el Ejecutivo ha aprobado diversos expedientes por un importe toral de 320.046 euros. Además, ha autorizado prorrogar la vigencia de las ayudas al alquiler de vivienda en 2017.

PRECIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

También ha aprobado la modificación de la Orden por la que se fijan los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención de personas en situación de dependencia.

Con este acuerdo se fija con carácter estructural el precio público bonificado del servicio de ayuda a domicilio, manteniéndolo en 14,50 euros con el objetivo de fomentar la permanencia de las personas dependientes en su entorno mientras sea posible en condiciones de calidad, evitando el desarraigo y primando las prestaciones de servicios frente a las económicas, ha explicado el Ejecutivo.

Asimismo, se ha autorizado la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2017 del convenio con la Fundación EDP para el Proyecto 'Energía Solidaria' a favor de personas en situación de vulnerabilidad y emergencia social.

Este convenio contempla la realización de auditorías energéticas en viviendas y entidades sociales y ONG habitadas por personas con necesidad de apoyos y ayudas para paliar su situación de vulnerabilidad y posible exclusión. Tendrán prioridad las viviendas en las que haya familias con menores y/o mayores en situación de dependencia a su cargo.

La Dirección General de Política Social lleva a cabo la coordinación y selección de las familias y el control y evaluación de las actuaciones, mientras la Fundación EDP realiza el análisis de sus contratos energéticos, el diagnóstico y estudio de las viviendas, y valora las medidas de ahorro y asesoramiento.

Por último, se ha autorizado prorrogar por un periodo de 12 meses el contrato para el mantenimiento y soporte funcional y técnico de sistema de información poblacional Civitas, con una inversión de 69.377 euros.

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