"Estamos dándole prioridad a algunas iniciativas para que se hagan realidad en los tiempos y condiciones que Chile requiere", dijo Bachelet al final de una reunión con su equipo de ministros y los jefes de los partidos oficialistas.
Entre otras iniciativas, Bachelet se abrió a modificar los parámetros de estudiantes beneficiados por la gratuidad a nivel universitario que comenzará a regir el próximo año.
Tras anunciar en mayo pasado que la gratuidad beneficiaría al 60% de los estudiantes más vulnerables que estudian en universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), lo que excluía a privadas con fines de lucro e institutos de formación superior, Bachelet rebajó este lunes el porcentaje al 50%, pero amplió el universo a las instituciones privadas que cumplan ciertos requisitos.
"A partir del próximo año, el 50% más vulnerable de los estudiantes que asisten a universidades del CRUCH, pero también a universidades privadas que cumplan ciertos criterios puedan estar y ser beneficiados de esta gratuidad", dijo Bachelet.
En su programa de gobierno, la presidenta comprometió que al final de su mandato, en 2018, la gratuidad universitaria llegaría al 70% de los estudiantes más vulnerables, mientras que en 2020 alcanzaría a la totalidad del sistema de educación superior, equivalente a más de un millón de estudiantes.
Con esta promesa, un anhelo expresado por años en las calles por miles de estudiantes, padres y profesores, Bachelet accedió en marzo de 2014 a un segundo mandato.
"Nos pareció razonable poder extender la base de beneficiarios a estas otras universidades", explicó más tarde Marcelo Díaz, portavoz del Gobierno.
Bachelet convocó a sus ministros y los jefes de partidos que integran la coalición oficialista de la Nueva Mayoría, para establecer una nueva hoja de ruta 16 meses después de llegar al gobierno.
"Hemos fijado una hoja de ruta muy clara sobre proyectos prioritarios durante este año y el próximo", dijo la mandataria.
El encuentro coincidió con la revelación de una lapidaria encuesta para Bachelet: el 70% de la población desaprueba su gestión, la cifra más alta en los registros de la encuestadora privada Adimark, golpeada por niveles altísimos de desconfianza a su gobierno.
La aprobación a Bachelet, que hoy llega al 26%, sufrió una brusca caída tras la revelación en febrero de un millonario negocio de especulación inmobiliaria que realizaron su hijo mayor, Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compagnon, ambos investigados por el "uso de información privilegiada" y "tráfico de influencias".
El respaldo se ha visto impactado además por proyecciones de crecimiento de la economía local más bajas de lo previsto, que este año se expandiría entre un 3,25 y un 2,25%, de acuerdo a las ultimas cifras del Banco Central.
En un intento de apuntalar la economía, Bachelet anunció este lunes la creación de "un fondo de infraestructura", junto a modificaciones en la implementación gradual de una reforma tributaria que buscaba recaudar 8.200 millones de dólares y que fue aprobada el año pasado, para financiar la reforma educativa "sin alterar la recaudación, la mayor progresividad y las medidas anti elusión ya aprobadas".
La mandataria anunció además que se construirán 20 hospitales, que se seguirá adelante con una reforma laboral fuertemente resistida por el empresariado y que en septiembre comenzará el proceso constituyente, "con una primera etapa de información y pedagogía ciudadana" para la abolición de la actual Constitución legada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
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