Jorge Escalante
Santiago de Chile, 9 jul.- Un juez chileno, con dedicación exclusiva a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, investiga en secreto una denuncia que afecta al Ejército, por un desentierro de osamentas humanas que habrían sido hechas desaparecer en diciembre de 2013.
Así lo revelaron hoy a Efe fuentes del caso, que precisaron que desde marzo pasado el juez Miguel Vásquez, de la Corte de Apelaciones de Santiago, ha interrogado a varias personas y ya ha fijado algunos sitios para iniciar peritajes en terreno.
Se trata de un predio que alberga a la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército (BOE), anteriormente llamado Fuerte Arteaga, situado en la localidad rural de Peldehue, en el municipio de Colina, a 30 kilómetros al norte de Santiago.
Los primeros peritajes, antes de iniciar excavaciones, tienen por objeto verificar si efectivamente en el lugar hubo remoción de tierras, como indica la denuncia.
De comprobarse los movimientos de tierra, se iniciarán las excavaciones para confirmar si del presunto desentierro hubieran quedado piezas óseas que podrían servir para la identificación de los restos, data de muerte y otros detalles.
Pequeños fragmentos de huesos permitieron identificar los restos de una decena de asesores del presidente Salvador Allende encontrados en 2001 en Peldehue, donde fueron ejecutados tras el golpe militar de 1973, sepultados en una fosa, desenterrados tiempo después y lanzados al mar.
Lo mismo ocurrió en la norteña ciudad de Calama con 26 víctimas de la Caravana de la Muerte, una comitiva militar que recorrió Chile y ejecutó a casi un centenar de presos políticos entre octubre y noviembre de 1973.
En el presente caso, la información llegó al juez a raíz de una revelación que un oficial reservista del Ejército hizo a un tercero.
El oficial, ya individualizado e interrogado, ha intentado sin embargo desviar la atención del magistrado con evasivas y antecedentes falsos, pero las fuentes que hablaron con Efe indicaron que ese intento "se ha ido desvirtuando" durante la investigación.
Preguntado por Efe si "es efectivo que personal del Ejército removió osamentas a fines de 2013 al interior de la BOE y las condujo a un lugar hasta ahora desconocido", el jefe del Departamento Comunicacional del Ejército, coronel Cristóbal de la Cerda, respondió que "eso no es efectivo".
A la consulta "si es efectivo que trabajadores de una empresa constructora encontraron osamentas al realizar trabajos de remodelación y quién habría trasladado aquellas a un lugar desconocido", el coronel De la Cerda contestó que el Ejército "no puede referirse a ello pues se encuentra en el ámbito de una investigación judicial".
Según las fuentes, de acuerdo con declaraciones judiciales de testigos, las osamentas "habrían sido encontradas por personal de una empresa constructora" ya identificada que realizaba trabajos al interior de la BOE".
Los testimonios indican que las osamentas aparecieron "al momento de destruir una loza".
El juez Vásquez ordenó examinar el terreno en los lugares fijados, para lo cual pidió la colaboración del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.
Los lugares a explorar fueron fijados a partir del trabajo indagatorio de funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), que mantiene la zona bajo vigilancia.
En esos terrenos fueron ejecutados decenas de prisioneros políticos tras el golpe de 1973 y la actual BOE, creada en 2006, alberga varias agrupaciones especiales, entre ellas la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército,
En marzo de 2001, en el mismo terreno, fue encontrado el cuerpo del militante comunista Juan Luis Rivera Matus; antes, en 1995, habían sido hallados los cuerpos de Ricardo Weibel Navarrete, Ignacio González Espinoza y David Urrutia Galaz.
En este mismo lugar, el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado, permanecían detenidos siete excomandos de la Escuela de Paracaidistas militantes de izquierda que fueron asesinados; de ellos hasta hoy permanecen desaparecidos Luis Barraza Ruhl y Jorge Piérola Piérola.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aun como desaparecidos, según cifras oficiales.
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