De Barcelona a Cádiz: la guerra al piso turístico se endurece en la recuperación

"Lo han aprobado en agosto y a escondidas". Janet Sanz, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona y número dos de Colau, se despachaba así en su cuenta de Twitter al conocer el decreto con el que la Generalitat regula el alquiler de habitaciones para uso turístico en viviendas particulares en Cataluña. "No es el Decreto que necesitamos", sentenciaba Sanz. Se trata de una prueba más de la guerra que, verano tras verano, mantienen las distintas tendencias políticas con el telón de fondo de la turistificación de los barrios y los pisos turísticos como protagonistas. Otro ejemplo es el enfrentamiento en Cádiz entre el equipo de gobierno y la oposición. Kichi trató de suspender las licencias turísticas en suelo residencial con una moratoria en el pleno del Ayuntamiento hace dos semanas, pero la oposición tumbó su propuesta. Tras el chasco, el alcalde avisó: "La oposición a la iniciativa permite que se siga disparando el precio de la vivienda y ampara la especulación".

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La lucha de gran parte de la izquierda española es "proteger el derecho a la vivienda", tal y como publicó Janet Sanz. En la misma línea, la concejala de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martí, señaló al peligro que supone, desde su punto de vista, "abrir las puertas a especular con el alquiler de habitaciones". ¿Pero, en qué consiste el Decreto que aprobó la semana pasada el gobierno de Quim Torra? Principalmente incide en dos aspectos del alquiler vacacional. Primero, regula el alquiler turístico de habitaciones en viviendas particulares en las que vive el propio propietario del inmueble. Y, segundo, matiza que podrá entrar en juego como "intermediaria" cualquier entidad o empresa que realice funciones de presentación de ofertas, reservas, presentación de contactos o contrataciones. Por eso Janet Sanz acusa a la Generalitat de Cataluña de "poner una alfombra roja a Airbnb".

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona aseguran a La Información que el posicionamiento del Gobierno de la ciudad con respecto al decreto de Torra es "completamente en contra" aunque, lamentan, "la documentación nos llegó con muy poco tiempo de antelación". Según datos del propio Ayuntamiento, en 2018 se contaron de forma oficial en la ciudad condal un total de 9.581 viviendas de uso turístico. Desde el punto de vista de la alcaldía y la concejalía de vivienda, una turistificación masiva del municipio puede terminar por echar a los vecinos de distritos como el Eixample, donde se concentra prácticamente la mitad de esos inmuebles, 4.471. Sin embargo, concejales de la oposición como Jordi Coronas (ERC) apuntan a la necesidad que existía de regular no solo las viviendas puramente turísticas, sino que también aquellas en cuyo propietario —que vive en el propio piso o casa— alquila una o varias habitaciones para el uso vacacional.  

El mismo Coronas recrimina al Ayuntamiento de Colau que se ponga en pie de guerra contra el Decreto teniendo en cuenta que "hace unos meses el equipo de gobierno votó a favor de la propuesta presentada por ERC" acerca de "pedir a la Generalitat que apruebe el Decreto de Reglamento Turístico y establezca que los hogares compartidos son una actividad turística cuando la cesión de las habitaciones se realiza por un máximo de 31 días consecutivos". Desde el punto de vista de Coronas, eso es precisamente lo que ha hecho el Govern y por eso no entiende el malestar, tal y como comenta en Twitter, de la alcaldía y su reacción furibunda contra el mandato.

Seguirán otorgándose licencias en Cádiz

"Han hecho que perdamos hoy la oportunidad desde Cádiz de ser pioneros en la regulación de las viviendas turísticas, así que tendremos que aprobarlo más tarde, cuando el problema sea mayor, y a rebufo, porque parece que quieren que Cádiz esté en el furgón de cola", afirmó José María González Santos (Kichi) cuando la oposición tumbó su propuesta de suspender durante un año las licencias de hoteles, apartamentos turísticos y otras modalidades de hospedaje tradicional en suelo residencial de Cádiz. Ni siquiera el PSOE apoyó a Adelante Cádiz en una iniciativa que, en palabras del mismo alcalde, pretendía regular el uso turístico en suelos residenciales "marcando unos índices que garanticen el equilibrio entre ambos usos y que actualmente se superan en la mayor parte del casco histórico de la ciudad", tal y como recoge la agencia Europa Press. Sin embargo, no hubo manera. PP, Ciudadanos y los socialistas se negaron a dar su apoyo. 

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También en este caso los datos evidencian el fenómeno que señala Adelante Cádiz. Según la Junta de Andalucía, la cifra de pisos turísticos en la ciudad ha crecido un 60% en un año. Actualmente, hasta 1.671 viviendas se destinan para algún tipo de uso vacacional. Ante la caída en saco roto de la propuesta del equipo de gobierno, el Partido Socialista trató de impulsar la suya propia, una que planteaba un paquete de medidas para el turismo y la vivienda en el  municipio. No obstante, la aventura socialista tampoco salió adelante porque lo tumbó, precisamente, el alcalde: tras un empate, utilizó su voto de calidad para descartar la iniciativa. Con todo, en Cádiz se seguirán dando licencias turísticas y el caso seguirá dando que hablar. 

No es cosa solo de la costa

Las regiones costeras suelen ser algunas de las que mayor disyuntiva tienen que enfrentar entre "la protección de los barrios"  y la explotación del potencial turístico, pero no son las únicas. Madrid, sin ir más lejos, es una de las ciudades que más enfrentados tiene a políticos, empresarios y vecinos. Por un lado existen multitud de asociaciones de vecinos que piden "un centro más vivible". Solo es necesario darse un paseo por el centro de la capital para divisar en multitud de balcones carteles de color amarillo en los que aparecen las siglas 'SOS' seguidas del nombre del barrio en cuestión. Malasaña, Lavapiés, Las Letras o Chueca son algunos de los núcleos urbanos más combativos con la llegada masiva de turistas. Sin embargo, los empresarios ven en el atractivo turístico madrileño un manantial de beneficios inagotable. Por su parte, Begoña Villacís (Ciudadanos), alcaldesa en funciones de Madrid, encuentra necesario "dar cauce de legalidad" a los pisos turísticos con tal de que "no acaben en la economía sumergida".

La somera recuperación que persigue el país tras los meses más duros de la pandemia, en un verano atípico, convierte los pisos turísticos en una opción atractiva para propietarios, empresarios y visitantes. Unos ven la posibilidad de sacar algo de beneficio al verano alquilando, por ejemplo, una habitación a un turista; otros la de asentar sus imperios en un momento en el que es fácil comprar a buen precio y, los últimos, la de viajar por menos dinero del que cuesta un hotel. No obstante, los políticos y vecinos partidarios de frenar la turistificación tratan de concienciar al resto del perjuicio que representa la conversión de sus residencias 'de toda la vida' en un parque de atracciones del turismo. El problema para ellos es que, muy habitualmente, están solos. Especialmente en momentos de crisis, cuando casi cualquier mecanismo que permita generar dinero es un caramelo que casi nadie está dispuesto a soltar.