La iniciativa corrige así los cambios realizados en 2015 por el PP sobre el Código Civil que después de que el colectivo de personas con discapacidad diera la voz de alarma al encontrar en el paquete un artículo "discriminatorio" para el colectivo y se movilizara para cambiar el precepto antes de que se produjeran su efectiva aplicación. Finalmente, el cambio fue refrendado por unanimidad por el Parlamento.
"Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento", establecía la reforma operada por el PP.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) y la ONCE advirtieron de que el texto trata a las personas con discapacidad, como sordos o ciegos, como "ciudadanos de segunda". Finalmente, publicado en el BOE este jueves establece que el requisito de certificado médico sólo será requerido en casos "excepcionales".
En todo caso, con la entrada en vigor de esta reforma también se aprueba una nueva 'vacatio legis' a la Ley del Registro Civil, que entrará finalmente en vigor el 30 de junio de 2018, es decir, un año después de la última fecha prevista -ya que la aplicación de esta norma ha sido aplazada en diversas ocasiones-. Sí entrará en vigor este viernes 30 de junio el fin de la preferencia del apellido paterno.
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