La Policía Nacional, con la colaboración de Europol, ha desarticulado una red que falsificaba tarjetas de residencia de ciudadanos de origen indio y paquistaní simulando matrimonios y ha detenido a doce presuntos integrantes de la banda. Según informa este martes la Policía Nacional en un comunicado, los detenidos simulaban matrimonios entre inmigrantes en situación irregular y mujeres nacionales de la Unión Europea para obtener la tarjeta de residencia, a cambio de 20.000 euros.
Las detenciones se han llevado a cabo en Barcelona (7), Mataró (2), Valencia (1) y en las localidades barcelonesas de L'Hospitalet de Llobregat (1) y Sitges (1) y, además, se han realizado tres registros domiciliarios en los que se ha intervenido 10.000 euros y diversa documentación. Los investigadores estiman en más de un millón de euros los ingresos obtenidos por la organización y cifran en cincuenta los inmigrantes que han obtenido estas tarjetas falsas.
La investigación policial comenzó tras una información ciudadana que alertó de la existencia de una organización, asentada en España y Alemania, dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular. La banda captaba a ciudadanos de origen indio o pakistaní -en España o en cualquier otro país europeo- en situación irregular ofreciéndoles, a cambio de una importante suma de dinero, la posibilidad de regularizar su situación en España mediante la obtención de la Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea.
También contaban con mujeres nacionales de diferentes países de la Unión Europea -principalmente Rumanía-, a las que ofrecían una sustancial compensación económica por simular ser cónyuges de esos ciudadanos extracomunitarios.
En la mayoría de los casos, una vez obtenida la Tarjeta de residencia, los ciudadanos beneficiados por su concesión abandonaban España con destino a otros países europeos, ya que uno de los derechos que adquirían era la libre circulación por la Unión Europea, mientras que las mujeres regresaban a su país de origen de manera inmediata. Los detenidos están acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de pertenencia a organización criminal y de falsedad documental.
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