Cae en canarias una banda que vendía falsos contratos de trabajo a inmigrantes irregulares

La Policía Nacional ha desarticulado en Canarias una organización que vendía falsos contratos de trabajo a inmigrantes irregulares, con lo cual habría defraudado unos 90.000 euros a la Seguridad Social.
Según informó la Policía, se ha detenido a 22 personas, entre las cuales estaba un asesor fiscal con oficinas en Maspalomas y Las Palmas de Gran Canaria, desde donde dirigía la trama. A todos los arrestados se les imputarán los delitos de falsedad documental, estafa, contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública.
Este cabecilla de la red falsificaba la firma de los empresarios en los contratos de trabajo y, posteriormente, los vendía a ciudadanos extranjeros en situación irregular por cantidades que oscilaban entre los 800 y los 2.000 euros.
Los arrestados contaban con un intermediario en zonas de ocio nocturno del sur de la isla de Gran Canaria, donde se encargaba de captar a los ciudadanos extranjeros. En su mayoría eran de origen magrebí y subsahariano, que buscaban este subterfugio regularizar su situación.
DENUNCIA DE UNA VÍCTIMAS
La investigación se inició en el mes de diciembre de 2014, a raíz de la denuncia de una mujer de nacionalidad española, que manifestaba haber sido víctima de una estafa. En concreto, explicó a los agentes que había pagado la cantidad de 1.400 euros por un contrato de trabajo con el que pretendía regularizar la situación en el país de su marido, de nacionalidad marroquí.
Tras varias pesquisas, los investigadores averiguaron que quien se encargaba de realizar los contratos falsos era un asesor fiscal que contaba con oficinas en Maspalomas y Las Palmas de Gran Canaria. Este individuo utilizaba la documentación de empresas clientes de la gestoría de su propiedad.
En primer lugar, el cabecilla de la banda falsificaba la firma de los empresarios en los contratos de trabajo y posteriormente los vendía a ciudadanos extranjeros en situación irregular por cantidades que oscilaban entre los 800 y los 2.000 euros.
El líder de la trama contaba con un intermediario en las zonas de ocio nocturno del sur de la isla de Gran Canaria, de nacionalidad marroquí, quien se encargaba de captar a los ciudadanos extranjeros, en su mayoría de origen magrebí y subsahariano.
POCOS MESES DE ALTA
Una vez eran captados los ciudadanos extranjeros y, aprovechándose de la situación de necesidad que estos tenían por su situación irregular en España, el asesor fiscal les cobraba por el contrato de trabajo ficticio, que estos aportaban junto a sus solicitudes de autorización de residencia y trabajo ante la Subdelegación del Gobierno.
Cuando les era concedida dicha autorización por la Administración, les hacía pagar nuevamente por el alta laboral en el régimen de la Seguridad Social, tras lo cual eran dados de baja en las empresas a los pocos meses de conseguir la residencia.
Las deudas económicas por parte de las empresas implicadas ante la Seguridad Social, por cuotas impagadas, ascenderían a unos 90.000 euros. Los investigadores estiman que las ganancias generadas por los máximos encartados de estas acciones delictivas podrían alcanzar los 50.000 euros.