Problemas éticos, jurídicos y sanitarios

La polémica 'Cartilla Covid' de Ayuso que rechazan los médicos y la OMS

Expertos en el tema no ven viable el pasaporte serológico propuesto por el Gobierno madrileño y coinciden en que todavía no se sabe lo suficiente sobre la inmunidad al virus. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 
Europa Press

El pasaporte sanitario propuesto por la Comunidad de Madrid para los próximos meses de convivencia con la Covid-19 ha generado controversia por las implicaciones sanitarias, éticas y jurídicas que habrá que tomar en cuenta de cara a su implementación. El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso cedió por fin este martes al uso obligatorio de mascarillas para frenar los contagios y aprovechó para anunciar la 'Cartilla Covid', en la que quedará registrado si una persona ha superado el coronavirus y será accesible desde la tarjeta sanitaria virtual. Sin embargo, los organismos internacionales, las autoridades sanitarias y varios expertos consultados por La Información coinciden en que esta medida no es viable y podría ser contraproducente para el sistema sanitario madrileño. 

La Organización Mundial de la Salud advirtió en abril contra la emisión de estos pasaportes de inmunidad "porque no se podía garantizar su precisión", según detalla la revista 'Nature'. "Actualmente no hay evidencia de que las personas que se han recuperado de Covid-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección", advertía la organización al frente de la lucha contra la pandemia. El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló ayer que ninguna institución internacional recomienda esta medida e insistió en que no conocía detalles del planteamiento de Ayuso al haberse enterado del mismo por los medios de comunicación. 

Desde la Asociación de Médicos y Titulados de Madrid (AMYTS) coinciden en que "todavía no existe una manera de afirmar si una persona ha pasado la infección o no, sobre todo cuando en el último estudio de seroprevalencia se demostró que hasta el 14% de los casos con anticuerpos positivos se negativizaban en un mes". La pediatra y médico de atención primaria Ana Giménez considera que la 'Cartilla Covid' "es una propuesta desesperada que demuestra que están buscando vías para no volver a cerrar las ciudades" y critica que "los políticos deberían asesorarse mejor antes de hacer anuncios tan disparatados y que pueden acarrear tantos problemas". 

"¿Vamos a crear un registro de personas que aparentemente han pasado la infección cuando sabemos que este método es poco eficaz para estar seguros de que una persona ha pasado la infección? Todo esto es un absurdo", critica la experta. 

A la vez, la directora científica del Estudio Nacional de Sero-Epidemiología de la infección por Sars-Cov-2 en España, Marina Pollán, cree que este proyecto no reduce el riesgo de contagio entre los ciudadanos. "Parece que la presencia de anticuerpos circulantes disminuye en el tiempo y todavía no sabemos a partir de qué momento no son detectables, probablemente dependerá también de la sensibilidad de la técnica de medida de los mismos", explica Pollán, quien aclara que "no detectar anticuerpos en una persona que ha pasado la enfermedad no significa que no sea inmune" , por lo que harían falta todavía estudios para determinar los efectos a largo plazo de haber superado la enfermedad. 

"Por otra parte, el establecimiento de este tipo de carnet podría generar desigualdad, discriminación y plantear problemas éticos. Si a las personas se les requiere tener este carnet para trabajar, habrá quien quiera infectarse para poder conseguir trabajo, con el riesgo que esto puede suponer para él/ella y su entorno", añade la experta. 

Y Mario Fontán, el coordinador de la Asociación de los MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública, agrega que este pasaporte podría generar una discriminación social importante en los ámbitos social y laboral. También, denuncia Fontán, se podrían agravar las desigualdades económicas en el momento en que la sanidad pública colapse por la demanda y todo el peso de las pruebas dependa de la sanidad privada. "Las personas querrán contagiarse para tener esa ventaja frente a quienes han obedecido las reglas de distanciamiento desde el principio y solo quienes puedan pagar una prueba en un centro privado podrán tener acceso a este pasaporte".

"Parece que hay un intento de encontrar una solución mágica y no la hay, las medidas más efectivas son las ya implementadas. Ahora la clave está en controlar lo que sabemos que va a ocurrir y prepararnos", afirma. 

Y desde el lado jurídico "vulnera los derechos individuales"

"No es viable ni la parte jurídica ni la sanitaria", señala Josefa Cantero, doctora en Derecho y presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Cantero incide en que "ya hay evidencia de una vulneración del derecho individual de las personas, que podrían ver perjudicada su libertad de circulación frente a quienes ya tengan la inmunidad". Además, la experta aclara que para llevar a cabo este sistema se tendría que aprobar una Ley Orgánica "porque afecta a los derechos fundamentales de los madrileños". 

Asimismo, Juan Carrasco, socio de Santiago Mediano Abogados y experto en protección de datos y privacidad, resalta que  "la cartilla es una cuestión que tiene in impacto más político que real porque es difícil de aplicar". "O los ciudadanos aceptan de forma voluntaria, o la Comunidad de Madrid aprueba una normativa para ponerla en marcha. No es posible anexar directamente esta información a la tarjeta sanitaria". Además, Carrasco critica que el instrumento tiene "poca eficacia".  

"Al pensar en este tipo de medidas es importante hacer una evaluación del impacto en materia de privacidad. Tienen que haber más beneficios que perjuicios porque se trata de manipular información privada", insiste. "Hay que valorar su proporcionalidad y eficacia. Un punto en su contra es ¿Qué ocurre con una persona que viene desde otra CCAA o incluso otro país? Una medida que solo 'cubre' el territorio de Madrid tiene difícil aplicabilidad". 

En cuanto a la privacidad del usuario, la abogada especializada en Privacidad y Derecho Digital, Irene Martínez González, alerta sobre el equilibrio "entre el control de la pandemia y la protección de las libertades y derechos fundamentales" y pide que antes de llevar a cabo un tratamiento de datos de carácter personal se "valoren la necesidad y la proporcionalidad" de las medidas ya que estas "deben ser demostrablemente efectivas para llevarlas a cabo, y parece que a día de hoy en este caso concreto no es posible". 

Desde Áudea Seguridad de la Información piden que se tenga en cuenta que "estamos hablado del tratamiento de datos de carácter sensible y en muchos casos, a gran escala". Las empresas y entidades deben de abordarlo como tal, implementando medidas técnicas y organizativas apropiadas, basándose en los principios que rigen normativa europea y española en materia de protección de datos.

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