Washington, 29 jun.- El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, negó hoy que la "penalización" que contempla la reforma sanitaria contra aquellos que no quieran contratar un seguro médico privado equivalga a un impuesto.
Aunque su consideración como impuesto fue la clave para que el Tribunal Supremo avalara ayer la reforma de salud impulsada por el presidente Barack Obama, el Gobierno se resiste a considerarlo como tal.
El llamado "mandato individual", que obliga a los estadounidenses a contratar un seguro médico so pena de sanción, fue avalado el jueves por los jueces del Supremo, que indicaron que el Congreso deberá ajustar aspectos técnicos de la ley para que dicha sanción sea caracterizada como un impuesto y no como una multa.
"Lo pueden llamar como quieran, si se lee el dictamen no es un impuesto general. No es algo que se evalúe como un impuesto a la renta" y, además, afecta solamente al 1 % de la población, indicó Carney a los periodistas en el avión en el que el presidente se dirigía a Colorado.
En su opinión, "es una penalización" que los ciudadanos con recursos tendrán la opción de eludir, si contratan un seguro médico.
"Es irresponsable pedir al resto de contribuyentes estadounidenses que paguen por tu tratamiento al ir a una sala de urgencias", argumentó el portavoz.
Carney se refería a que, actualmente, los ciudadanos con recursos que no tienen seguro médico son atendidos, de todas formas, en las urgencias de los hospitales y esos gastos terminan repartiéndose entre todos los asegurados en forma de primas más caras.
Para la histórica reforma de Obama, era clave que todas las personas que puedan permitirse cobertura médica paguen por ella de modo que se abaraten los servicios y que se ponga orden en un sistema desigual.
El presidente había negado tras la aprobación de la ley en 2010, que la penalización, que empezará a imponerse en 2014, fuera un impuesto, algo que ahora utiliza la oposición republicana para atacar la reforma.
En opinión de Carney, Obama ya ha recortado impuestos a la clase media por un valor de 3.600 dólares por familia y considera que la reforma de salud contribuirá con una reducción de impuestos de hasta 4.000 dólares para 18 millones de familias.
Los que no puedan permitirse un seguro de salud privado, como obliga la ley, podrán optar al programa público Medicaid y a créditos y subsidios gubernamentales.
El objetivo de la reforma es que el sistema sanitario se abarate, al incorporar a casi la totalidad de los 50 millones de ciudadanos sin cobertura médica.
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