Toledo, 28 dic.- La proposición de ley impulsada por el PP para honrar la memoria de las once víctimas del incendio de Guadalajara de julio de 2005 recoge indemnizaciones de 102.483,64 euros para las viudas de los fallecidos y de 42.701,5 euros para los hijos menores.
Además, establece unas cuantías de 93.943,3 euros para los progenitores que compartían domicilio con las víctimas y de 68.322,4 euros para los padres que no residían con ellos.
El Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha publica hoy la iniciativa legal "de caso único" con la que el PP quiere honrar a las víctimas y paliar en parte el daño sufrido por sus familiares, "aunque su pérdida fuera irreparable en lo sentimental".
El PP afirma que esta ley "singular y excepcional" no pretende sentar un precedente ni incurrir en una desigualdad respecto de víctimas de otras catástrofes posteriores, sino atender las necesidades de un caso "inusitado y sin precedentes".
Los populares sostienen que, aunque no son numerosos, existen precedentes, como la ley aprobada en 2002 para compensar a quienes contrajeron la hepatitis C por tratamientos en el sistema sanitario público.
Las cuantías que percibirán los familiares en concepto de indemnización, según recoge la proposición de ley, coinciden con el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
A las compensaciones estipuladas debe sumarse un 10 por ciento correspondiente al factor de corrección por ingresos dejados de percibir al encontrarse las víctimas en edad laboral.
Según el texto, que tendrá que recibir el visto bueno del pleno de las Cortes regionales -en las que el PP tiene mayoría absoluta- en el próximo período de sesiones, los beneficiarios tendrán derecho a percibir una indemnización económica por una sola vez y esta cantidad será compatible con la de cualquier pensión pública que tenga la persona.
Además, para poder solicitar la indemnización los beneficiarios tendrán que renunciar a todo tipo de reclamaciones contra la Administración regional, aunque podrán mantener las acciones contra los juzgados y tribunales.
La Consejería de Agricultura será la encargada de tramitar el pago de las indemnizaciones, que podrán ser solicitadas por los beneficiarios en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley.
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