Cataluña. El gobierno responde que “sí es competente” para imponer el pago de la escolarización en centros privados

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un acuerdo por el que reafirma su competencia a la hora de obligar a las comunidades autónomas a pagar la matrícula y demás gastos asociados en centros privados de aquellos alumnos a los que no se les pueda ofrecer una escolarización en castellano en la red pública o concertada.
De este modo, el Gobierno da respuesta al requerimiento de incompetencia presentado por el Ejecutivo catalán contra el real decreto que regula los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica de Educación.
Según la Generalitat, dicha norma “excede de la competencia estatal en materia de lenguas y educación y, además, vulnera la autonomía financiera de la comunidad autónoma”. El Gobierno central defiende en cambio “la suficiencia de las competencias estatales” en la regulación proyectada y rechaza el requerimiento.
Tras indicar que en realidad el recurso de Cataluña se dirige contra la propia disposición adicional 38 de la Lomce, el ejecutivo del PP afirma que el procedimiento de compensación descrito en la ley “es adecuado”, ya que se atiene al artículo 157 de la constitución española.
Por último, responde a la acusación de vulnerar la autonomía financiera con el argumento de que si una comunidad no garantiza el derecho de los alumnos a ser escolarizados en castellano “en una proporción razonable”, ello supone un incumplimiento de “las obligaciones constitucionales y legales” y de “los distintos fallos de la Justicia”.
De ahí que se le obligue a asumir los costes de escolarización en centros privados, mediante el adelanto de dicha cantidad por el Estado y su posterior detracción de la financiación autonómica.