La 'cocina' de Simón: los 100 días de tensión y cambio en las estadísticas

Fernando Simón, y no el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sido el encargado de dar la cara a los españoles todos los días para explicar cada actualización de la evolución de la Covid-19 en el país... y ya van 100. Los primeros documentos publicados por la entidad eran sencillos. Tenían solo cinco páginas y los pocos datos que presentaban permitían al Ejecutivo lanzar mensajes de calma como que "España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado". Pero, a medida que los efectos mortíferos del virus se incrementaban, la administración de Sánchez se vio obligada a añadir más ingredientes a las estadísticas, experimentar un poco con ellos y rodearse de asistentes que emplearon su 'gusto' para 'balancear' un poco el menú del día. De hecho, unos hombres uniformados que describían la crisis como una "guerra" contra un "enemigo invisible" apoyaron a Simón en el servicio de difusión de datos en las primeras ruedas de prensa, pero fueron retirados del plató, como algunas cifras de los documentos, por la mala  'valoración' de sus palabras.

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El 'baile de cifras' en los documentos, que ahora suman 15 páginas, ha provocado revuelo mediático, confundido a la población y, en ocasiones, bloqueado el acceso a información clave para entender el avance del virus. Las mayores polémicas han girado en torno a cómo el Gobierno ha jugado con los ingredientes para resaltar ciertas partes de las estadísticas y apaciguar ese regusto amargo que pueden dejar datos como las 800 muertes diarias que se registraron durante el pico de la pandemia. Estos 'tanteos' a la hora de diseñar los menús dieron pie a errores en los cálculos y el propio Simón llegó a admitir en una de sus comparecencias que "los datos pueden parecer un poco extraños, pero todo se corregirá pronto".

Todo está en los detalles. Un par de asteriscos desataron la polémica sobre el 'emplatado' de los datos en abril. El primero apareció en los documentos de la cartera de Salvador Illa para aclarar que algunas comunidades autónomas publicaban el dato de prevalencia en las UCIs y hospitales –los ingresados en el momento- y otras el acumulado hasta ahora. Los expertos consultados por este medio sobre la cuestión aseguraron que esto "no tiene ni pies ni cabeza porque se están mezclando peras con manzanas" en un total. Sanidad decidió dejar de ofrecer el balance final unos días hasta tener cifras uniformes y la pregunta en el momento fue qué variable van a mantener. La respuesta tiene serias implicaciones en el tipo de producto que reciben los ciudadanos. El ministerio se decantó por ofrecer el dato acumulado en vez de el de prevalencia, lo que impide conocer la situación presente de las salas, una información clave para juzgar cuán caóticos están siendo los efectos del virus en la salud de las personas y el sistema sanitario encargado de combatirlo.

La cifra de muertos también ha sido cuestionada. El 17 de abril, por ejemplo, la actualización reveló 585 defunciones nuevas, pero el total reflejado dejó 236 fallecidos fuera. Todavía no se sabe dónde quedaron. La 'porción' del informe que trata a las víctimas mortales también ha recibido críticas de 'insuficiencia' por la ausencia del dato de los difuntos en residencias de ancianos. El Gobierno los tiene, pero todavía no los ha publicado. España ha superado los 26.400 fallecidos este sábado y, según los datos proporcionados por algunas CCAA, los usuarios de este tipo de centros que han fallecido por el virus o con sus síntomas son más de 17.600. Si se agregaran, el país contaría con 44.000 muertos, un total mucho más amargo.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad no es el único 'restaurante' abierto en el mercado estadístico. Las comunidades autónomas cuentan con sus propias consejerías de Salud y estas también han encendido sus sartenes. Cataluña fue la primera en lanzarse a presentar sus propias cifras, y los fallecidos que reporta duplican los del Gobierno central. El repunte obedece a que la entidad que capitanea la Generalitat sí cuenta a los fallecidos por un "posible" caso de virus, y el Ejecutivo no. Esto 'salpicó' a Sanidad, pero un decreto en el BOE sirvió como muro de contención ante las 'hojas de reclamación' recibidas por las discrepancias. La orden establece que el Gobierno solo cuenta como víctimas mortales de la Covid-19 los difuntos que han sido sometidos a algún tipo de prueba oficial. Esto dio un poco de aire al Ejecutivo, pero no acabó con el desastre porque Madrid se sumó a la industria y comenzó a publicar sus propios informes, cuyos 'chefs' también tienen una metodología distinta de trabajo.

La tabla de afectados ha sido el 'item' más modificado del menú. El 24 de abril, el número de contagiados por el coronavirus pasó de 219.764 a 205.905, unos 13.859 menos. ¿Cómo? El Gobierno decidió difundir solo los datos de los enfermos diagnosticados con una prueba PCR. La medida de separar el número de casos acorde al tipo de examen puede tener su validez metodológica –algunos detectan a personas que tienen el virus en el momento y otros a los que ya lo pasaron- pero la de desterrarlos de las estadísticas con un 'tijerazo' no. Esto generó muchos cuestionamientos, y las autoridades se vieron obligadas a traerlos de regreso, pero no volvieron con la misma presentación. Ahora se ve en la primera página del informe a los enfermos que fueron sometidos a una prueba PCR y hay que llegar hasta la quinta para ver cuántos españoles se han contagiado desde que inició la pandemia.

El dato de recuperados siempre es una buena noticia y se le ha dado un trato 'especial' en la carta. En la actualización nº 90 del 29 de abril apareció una aclaración que reza: "Además de los 7 nuevos fallecidos de hoy, Galicia ha notificado otras 128 defunciones correspondientes a centros sociosanitarios que no corresponden a defunciones actuales y por tanto no se reflejan en la columna 'Nuevos fallecidos' pero se han incluido en el total. También ha consolidado datos de altas domiciliarias, lo que explica el gran incremento de los curados". Esto explica que Sanidad no incluyó en la categoría de nuevas muertes a los fallecidos detectados en el territorio ese día por un "retraso", pero sí notificó las altas recopiladas en ese momento como 'nuevas', pese a la advertencia de que el alza también se debió a un atraso en el recuento. Los expertos todavía no han explicado la conveniencia de que en algunas categorías se tomen datos 'viejos' como nuevos  y en otras no. 

El colectivo médico es probablemente el más expuesto al virus. Los profesionales se enfrentan a él cada día y las autoridades han insistido en la necesidad de conocer su estado, pero el balance diario sobre estos no aparece en las estadísticas diarias, sino que se difunde en un grupo de comunicación cerrado al que ha tenido acceso este medio. El Ministerio cifró en 47.481 el número de sanitarios infectados este sábado a través del citado grupo y en los últimos días se han registrado aumentos diarios de más de 600 contagios entre los profesionales. No se sabe dónde o si se contabilizan en las actualizaciones. Desde el Ministerio aseguran que la responsabilidad de que los casos de sanitarios queden reflejados en los totales recae en las autoridades regionales y que el Ejecutivo no llega a tener en su poder el dato desagregado del tipo de prueba empleada para diagnosticarlos. 

Esta falta de precisión puede restar validez a las cifras que condicionan otro dato definitorio para la desescalada: el desahogo de los hospitales. Los números apuntan a que los sanitarios ya suponen el 20% de los infectados en el país. La entidad de Illa intentó 'salvar' la cara con un informe paralelo en el que desglosa los pormenores de más de 30.000 sanitarios enfermos -edad, sexo, síntomas...- pero todavía no aclara cómo o si se reflejan en el balance global de la pandemia. 

La incertidumbre no solo rodea a las cifras de las estadísticas que se presentan a diario, sino también a su uso. El Ejecutivo ha rechazado dar a conocer la identidad de los miembros del comité de expertos que trabaja en la desescalada para evita que sufran presiones. La oposición ha sido muy crítica hacia esta 'protección' y ha asegurado que esto debe conocerse por ley. Además, el Gobierno central es el encargado de tomar decisiones importantes desde que se instauró el mando único por el estado de alarma, como qué CCAA pasan de fase en el proceso de desescalada, pero lo hace con datos que muchas veces, como en el caso de los sanitarios, no controla. Casi la mitad del país ya pasó a la fase uno de desconfinamiento y con las cifras de los próximos días se barajarán más cambios. Los fallos en la recopilación y difusión de datos pueden provocar una confianza infundada en la información y un riesgo para la salud de los que salen a las calles.