El entonces congresista del Partido Liberal Jorge Cristo Sahiun falleció el ocho de agosto de 1997 a manos de la segunda guerrilla de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.
Como el congresista contaba únicamente con un escolta -que era a la vez su conductor-, pese a la "situación de amenaza demostrada" en el lugar, el Consejo de Estado, tribunal de lo contencioso administrativo, encontró al Estado responsable por "omisión", según un comunicado.
El tribunal evidenció que "el ataque fue fríamente calculado días antes", situación que "expuso la ausencia de medidas preventivas, de inteligencia o contrainteligencia para la protección de la víctima".
Otros legisladores que acudían a la ciudad contaban, por el contrario, con cuatro o cinco escoltas, agregó el texto.
El tribunal pidió así indemnizar a los familiares "por perjuicios morales por más de 300 millones de pesos (unos 96.000 dólares)", además de una remuneración por daños materiales, e instó a la Fiscalía a investigar a los autores materiales de su muerte.
Además, solicitó un "acto público de reconocimiento de responsabilidad y petición de disculpas" por parte del Ministerio de Defensa.
El Consejo de Estado consideró igualmente que la muerte de Cristo Sahiun fue "un vil y bajo esfuerzo por parte del grupo armado insurgente ELN de silenciar la política democrática por la vía de las armas de fuego".
El excongresista era padre del actual titular de la cartera del Interior, quien junto con el ministro de Justicia, Yesid Reyes, es una de las víctimas del conflicto armado colombiano de más de medio siglo que hacen parte del gabinete de Juan Manuel Santos.
El ELN, con unos 2.500 combatientes según cifras oficiales, y todavía con influencia en el departamento de Norte de Santander, al que pertenece Cúcuta, se atribuyó en su momento la muerte de Cristo Sahiun.
En la conflagración interna en Colombia han participado además otras guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, fuerzas militares y bandas narcotraficantes, lo que ha dejado al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.
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