Buenos Aires, 17 mar.- Un tribunal argentino iniciará este martes el juicio para depurar responsabilidades por una de las peores tragedias ferroviarias en décadas, el accidente que provocó la muerte de 51 personas y heridas en más de 700 ocurrido en una concurrida estación de Buenos Aires en febrero de 2012.
Los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi se sentarán en el banquillo de los acusados junto a otros 27 procesados en una causa en la que "se investigan los delitos de descarrilamiento culposo, agravado por muerte, y defraudación", informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Jaime y Schiavi serán juzgados por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a la falta de controles sobre la empresa concesionaria del servicio de trenes.
La misma acusación pesa sobre el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna y el exinterventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero.
Además, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 juzgará los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, directivos de la empresa que tenía la concesión ferroviaria, Trenes de Buenos Aires (TBA), acusados de "asociación ilícita" y "descarrilamiento de un tren agravado".
Los jueces Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini, decidirán si el accidente se originó por un descuido del maquinista, Marcos Antonio Córdoba, o si la responsabilidad recae sobre el Estado y los empresarios por no controlar las condiciones de los trenes y del servicio.
En el juicio, que se extenderá al menos un año, declararán unos 350 testigos.
La tragedia se registró el 22 de febrero de 2012, cuando un tren procedente de la periferia oeste bonaerense se empotró contra un andén de la estación porteña de Once en hora punta matinal.
El maquinista declaró que el tren se quedó sin frenos, pero dos estudios técnicos concluyeron que el sistema de frenado funcionaba correctamente.
En la etapa de investigación, la Justicia concluyó que el servicio de la línea Sarmiento, que une la capital argentina con la zona oeste del Gran Buenos Aires, se prestaba con "graves deficiencias" por parte de TBA y que los funcionarios del área de Transporte no tomaron ninguna medida al respecto.
Seis días después del siniestro, el Gobierno argentino intervino TBA y más tarde le retiró la licencia de explotación de esa línea, que opera bajo gestión estatal.
La línea Sarmiento fue escenario de un nuevo accidente ferroviario en junio de 2013, cuando tres personas murieron y más de 300 resultaron heridas tras el choque de un tren contra otro que se encontraba detenido en la misma vía en las cercanías de Castelar, unos 20 kilómetros al oeste de Buenos Aires.
Además de la causa por el accidente, otro juez, Sebastián Ramos, investiga el destino de los millonarios subsidios que el Estado pagaba a la empresa concesionaria.
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