Roma, 17 jul.- El juicio contra el capitán del "Costa Concordia", Francesco Schettino, por el naufragio del crucero en enero de 2012 comenzó hoy en la localidad de Grosseto, en el centro de Italia, cuando el barco sigue aún encallado frente a las costas de la isla italiana del Giglio.
En esta primera audiencia del juicio por el naufragio del barco de la naviera Costa Cruceros (el 9 de julio hubo que aplazarla por huelga de abogados), la defensa del capitán solicitó de nuevo que se pactase la pena, para evitar la condena máxima de 20 años de prisión que afronta el capitán.
La defensa de Schettino propuso una pena de 3 años y 5 meses de prisión para el capitán, acusado de homicidio culposo múltiple, abandono de la nave, naufragio y de no haber informado a las autoridades portuarias inmediatamente de la colisión frente a Giglio que dejó 32 muertos, entre ellos dos peruanos y un español.
Schettino considera una injusticia que él sea el único de los seis imputados en el proceso al que se haya abierto un juicio oral, después de que en la audiencia preliminar no se aceptara la propuesta de su defensa de pactar la pena, algo que sí ocurrió en el caso de las otras cinco personas.
De hecho, la causa contra estos otros imputados se tratará el día 20, en una audiencia preliminar en la que se estudiarán las penas de entre uno y dos años propuestas para el responsable del puente de mando, Ciro Ambrosio; la oficial Silvia Coronica; el timonel Jacob Rusli, el jefe de a bordo, Manrico Giampedroni, y el jefe de la unidad de crisis de Costa Cruceros en tierra, Roberto Ferrarini.
Inmediatamente después de que la defensa del capitán presentara esa solicitud de pacto hoy al presidente del tribunal de Grosseto, localidad toscana con la jurisdicción de la isla de Giglio, el fiscal Francesco Verusio se opuso a la misma, como ya lo hiciera la Fiscalía durante la audiencia preliminar.
El juicio contra Schettino es un proceso de grandes números, no en vano se celebra en el Teatro de Grosseto por las numerosas solicitudes para participar en él, con 4.228 personas que se han declarado como damnificadas, 62 abogados y 242 peticiones de constitución como parte civil, de las que se espera que los jueces admitan solo unas sesenta.
Entre los admitidos, según decidieron hoy los jueces, se encuentra el Ministerio de Medioambiente italiano, la organización ecologista WWF y la propia naviera, Costa Cruceros, al considerar que el hecho de que esta última figure en el caso como responsable civil no impide que pueda constituirse como parte en el juicio contra su ya exempleado.
En un juicio que se prevé largo, con cerca de 700 testigos propuestos, el capitán del "Costa Concordia" no quiso faltar a la primera audiencia, retransmitida en directo por varios medios de comunicación en un despliegue que hace de este uno de los procesos que más interés ha despertado en los últimos años en Italia.
Vestido con un traje azul y con un color de piel bronceado, el capitán del crucero dio pocas declaraciones a los medios, expresando -eso sí- su sorpresa por el hecho de que el que definió como "mi barco" siga encallado frente a la pequeña isla un año y medio después del naufragio.
La gran sorpresa de esta primera vista fue la participación de la joven moldava Domnica Cemortan, quien acompañaba al capitán la noche del naufragio y cuya presencia a bordo del crucero, incluso en la sala de mandos en el momento del impacto, dio lugar a multitud de especulaciones.
Cemortan expresó a los periodistas su extrañeza por que el capitán fuera el único que tuviera que afrontar el juicio y negó que ella nunca haya dicho "Schettino, te amo", como se llegó a especular, motivo por el que ha decidido querellarse contra los medios que insinuaron una posible relación sentimental.
El naufragio del "Costa Concordia" ocurrió la noche del 13 de enero de 2012 después de que el barco chocara contra un escollo durante una maniobra del capitán para acercarse la costa, tras lo que se produjo la evacuación de los más de 4.200 pasajeros, siendo Schettino uno de los primeros que abandonó la nave.
En las fases previas al proceso, la propietaria del crucero, cuya remoción del lugar en el que quedó encallado podría producirse la próxima primavera, ha llegado a un acuerdo por el que deberá pagar un millón de euros como sanción administrativa. EFECOM
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