Guatemala, 14 mar.- El Tribunal de Mayor Riesgo A inició hoy el debate oral y público en contra de cinco exparamilitares guatemaltecos por su presunta participación en la matanza de 256 indígenas, perpetrada el 18 de julio de 1982 en una lejana población maya del norte de Guatemala.
La presidenta del Tribunal, Yasmín Barrios, explicó en la apertura del juicio que entre hoy y el viernes serán escuchados una veintena de testigos y peritos propuestos por la Fiscalía, los querellantes y la defensa de los imputados.
El fiscal del caso, Orlando López, manifestó que durante el debate van a demostrar con pruebas y testimonios la forma en que los acusados dieron muerte a la población.
Según las investigaciones, el 18 de julio de 1982, que entonces era un día de mercado en la comunidad de Plan de Sánchez, en el municipio de Rabinal, en el departamento norteño de Baja Verapaz, un comando integrado por soldados, comisionados y patrulleros, lanzaron dos granadas de mortero contra la población civil.
En el mercado se encontraban habitantes de al menos 12 comunidades y alrededor de 256 personas, de la etnia maya Achí, fueron ejecutadas.
Entre las víctimas se encontraban 20 mujeres de entre 12 y 20 años de edad, que antes de ser asesinadas fueron violadas, según se detalla en parte de las investigaciones conocidas por Efe.
Los expatrulleros civiles Eusebio Grave, Julián y Mario Acoj y Santos Rosales y el excomisionado Lucas Tecú, quienes fueron capturados en agosto del año pasado, son acusados por la Fiscalía de los delitos de asesinato y deberes contra la humanidad.
Tecú, de 58 años, quien fue el primero en dar su declaración, dijo ser inocente de los cargos que le imputan.
Las figuras de patrullero y comisionado fueron creadas por el Ejército durante el pasado conflicto armado (1960-1996) para que a través de ellas los civiles se unieran al combate a la guerrilla.
Fuentes del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), querellantes en el proceso, explicaron a Efe que se prevé que el juicio dure al menos 10 días.
En abril de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Guatemala por la matanza de Plan de Sánchez y le ordenó investigar y perseguir penalmente a los responsables.
De esa cuenta, entre el 10 y 17 de agosto pasado fueron capturados los cinco exparamilitares.
La matanza fue perpetrada durante el régimen de facto del general José Efraín Ríos Montt (1982-1983).
Según el voto razonado emitido por el juez Antonio Cancado, de la CorteIDH, la masacre de Plan de Sánchez "fue perpetrada en el marco de una política genocida del Estado de Guatemala, realizada con la intención de destruir, total o parcialmente, al pueblo indígena maya".
Esta matanza es una de las 626 que la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) de las Naciones Unidas le atribuye al Ejército durante el conflicto armado (1960-1996).
El 95 % de las masacres fueron perpetradas entre 1978 y 1984, periodo en el que Guatemala fue gobernada por militares.
La matanza de Plan de Sánchez es la segunda que llega a juicio en Guatemala.
El pasado 2 de agosto otro tribunal de Alto Riesgo condenó a cuatro exmilitares guatemaltecos a 6.060 años de prisión cada uno por la matanza de 201 campesinos el 7 de diciembre de 1982 en la comunidad Dos Erres, en el municipio de La Libertad, en el norteño departamento de Petén.
Se trata de los exkaibiles (una fuerza elite del Ejército entrenada en contrainsurgencia) Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin y Carlos Carías, quienes fueron hallados culpables de haber participado en la masacre.
Mientras que el pasado lunes, el Tribunal de Mayor Riesgo B presidido por Irma Valdéz, impuso la misma pena al exkaibil Pedro Pimentel, extraditado de Estados Unidos en julio de 2011, al hallarlo culpable de haber participado en esta matanza.
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