Concesionarios y fabricantes piden más acción contra los talleres ilegales

  • La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) han pedido hoy que se intensifique la acción policial contra la actividad de los talleres ilegales de reparación de vehículos.

Madrid, 30 jul.- La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) han pedido hoy que se intensifique la acción policial contra la actividad de los talleres ilegales de reparación de vehículos.

Esta petición ha sido formulada en un comunicado conjunto en el que felicitan a la Guardia Civil por la operación "Trócola" realizada en Cádiz sobre los talleres ilegales el pasado junio.

En esta operación se realizaron 29 inspecciones junto con la Inspección de Trabajo, con resultados de 221 actas de infracción en materia de actividades industriales, residuos peligrosos, trabajo y seguridad social.

Según las estimaciones de estas dos patronales, que consideran que lo detectado en Cádiz es una ínfima parte de los talleres de reparación ilegales que están en funcionamiento, por cada taller oficial estaría operando uno ilegal en España, es decir, unos 3.000.

Faconauto y Anfac recuerdan que estos establecimientos suponen una competencia desleal frente a los talleres de los concesionarios oficiales que, además de cumplir con sus obligaciones fiscales y con la legislación en materia laboral y medioambiental, hacen fuertes inversiones en formación y en equipamientos para prestar el servicio de calidad a sus usuarios.

Ambas patronales llaman la atención de una situación agravada por el hecho de que la actividad de los talleres oficiales también han reducido su actividad como consecuencia de la crisis.

De esta manera, las reparaciones ilegales y clandestinas han pasado a convertirse en un problema de primer orden para las redes de concesionarios, que por su causa ven incluso peligrar muchos puestos de trabajo.

En cualquier caso, las dos patronales han indicado que los clientes y usuarios son los más afectados, ya que las reparaciones efectuadas en estos establecimientos no tienen ninguna garantía, no están sujetas a ningún arbitrio y no tienen posibilidad de ser reclamadas.

Además, por su naturaleza, ponen en peligro la seguridad de los vehículos y la integridad física de sus ocupantes.

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