El movimiento anti-peajes, surgido en 2012 en Cataluña con la campaña #NoVullPagar ('NoQuieroPagar'), fijó un antes y un después en el hartazgo ciudadano contra las autopistas de pago.
Hace solo unos días, un joven de El Puerto de Santa María subió un vídeo a Youtube, similar a los de los promotores de la campaña catalana y que suma ya más de 160.000 visualizaciones. Su objetivo se resume en el título: "Se acabó pagar peaje Cádiz-Sevilla [sic]".
En el vídeo, el conductor gaditano expresa su rechazo a seguir pagando peajes por la AP-4 ya que "está amortizada" y muestra cómo pasa el peaje sin abonar la tasa. Exhorta a seguir su ejemplo a todo aquel que vea el vídeo ya que "no tiene consecuencias". Actualmente, un vehículo ligero que quiera viajar de una capital a otra por la autopista debe abonar 7,2 euros.
El problema reside en dos aspectos. El primero, que el vídeo registra un corte justo cuando habla con la trabajadora de la aduana, por lo que no se demuestra que no haya pagado ese peaje, y el segundo es que actualmente es ilegal no pagar el peaje en la AP-4, ya que la empresa Aumar S.A. tiene la gestión de la vía hasta 2019.
Así, el conductor presume de su valentía y anima a cometer actos ilegales, aunque la Ley 8/1972 de 10 de mayo, que rige la explotación de autopistas, recoge en sus posteriores revisiones la obligatoriedad de pagar mientras siga vigente esa concesión. La comprobación está en la campaña #NoVullPagar, que para finales de 2014 se había saldado con más de 100.000 denuncias y más de 350.000 euros en multas.Autopistas de 42 millones de euros que recaudan más de 2.000 millones
El movimiento #NoVullPagar recogía la insumisión de conductores que, hastiados de abonar día sí y día también la tasa por circular en autopista, decidieron simplemente no pagarla. Esta campaña denunciaba que no podía obligarse a pagar carreteras ya "amortizadas" desde hace años y que la gestión de peajes no podía tener propósitos recaudatorios.
El movimiento surgió en Cataluña por la enorme diferencia con el resto de España: mientras que la proporción nacional, en vías de gran capacidad, es de 20% con peaje y 80% de libre circulación, en la comunidad autónoma es de un 67% de pago y un 33% gratuitas. Según el diario catalán El Punt Avui, los tramos de peaje catalanes ya estaban más que amortizados: por poner un ejemplo, el tramo Martorell-Tarragona (AP-7) costó 42 millones de euros y ya había recaudado 2.170 millones.
Aunque este hartazgo es entendible, todas las concesiones a estas autopistas -que mientras iban caducando fueron renovadas por los distintos gobiernos nacionales- están en vigor y es obligatorio pagar el peaje. La AP-4, que une Cádiz con Sevilla, lleva desde su nacimiento prorrogando su licencia. Primero, hasta 1993; luego, con Suárez, hasta 1999; González lo extendió a 2006 y Aznar lo llevó hasta 2019. En principio, no está previsto renovarla, aunque sucedía lo mismo con la papelera de la ría de Pontevedra y fue renovada 60 años más, lo que provocó la designación de Rajoy como persona 'non grata'.
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