No existe un único parámetro para decretar el inicio de cada fase de la desescalada explicada por el Gobierno, por la complejidad de la crisis. Las autoridades advierten de que algunos de los factores clave para la vuelta a la 'nueva normalidad' dependen de los esfuerzos del Estado, pero otros están a la merced del comportamiento de la pandemia en el país. Así, la ocupación de las camas de cuidados intensivos, el número de contagios, la situación de las residencias de ancianos, la movilidad, los ERTE, la afiliación a la Seguridad Social o el consumo de energía eléctrica son solo algunos de los criterios que conforman el cúmulo de indicadores a analizar para reactivar las actividades de todos los españoles.
El Gobierno ha hecho público el panel de indicadores que se estudiarán para establecer cómo las provincias y las islas avanzan hacia la "nueva normalidad": se trata de parámetros de seguimiento epidemiológicos, de movilidad y económico-sociales. En el ámbito epidemiológico se evaluarán diariamente los siguientes indicadores generales: número de casos con síntomas compatibles con COVID-19, número de casos confirmados por laboratorio (no hospitalizados, hospitalizados, ingresados en UCI, fallecidos y número de casos y fallecidos en residencias de mayores) y número de PCR realizados.
En este sentido se tendrá en cuenta el volumen de profesionales de servicios de vigilancia epidemiológica dedicados a la respuesta al coronavirus en relación al número de casos diarios detectados. También se analizarán indicadores específicos para la evaluación de la detección temprana de casos, del aislamiento precoz de casos confirmados y del control de contacto de los contagios confirmados. Entre esos parámetros están el porcentaje de los casos con síntomas compatibles con la enfermedad en los que se ha realizado prueba diagnóstica, el tiempo entre la fecha de inicio de los síntomas y la fecha de consulta en casos confirmados, entre los primeros síntomas y la de diagnóstico y el porcentaje de nuevos casos que no son contacto de casos confirmados conocidos.
Asimismo, se estará estudiando el tiempo entre la fecha de inicio de los síntomas y la fecha de aislamiento y lo que transcurre entre la fecha de primera consulta y el aislamiento, el número de contactos estrechos identificados por caso y porcentaje de contactos estrechos que desarollan síntomas durante el seguimiento y se confirman.
Son seis los parámetros de capacidad del sistema sanitario sobre los que se realizará seguimiento: ocupación de UCI tanto por COVID-19 como por otras causas, ocupación de camas de enfermos agudos, material disponible, respiradores de reserva, capacidad de diagnóstico de los laboratorios y centros no sanitarios en disposición de medicalizar. "Se deben monitorizar los avances en la situación epidemiológica que permitan detectar de forma precoz los cambios en la circulación del virus así como hacer un seguimiento de las capacidades sanitarias que permitan hacer frente a futuras tensiones sobre el sistema asistencial", ha informado el Ejecutivo.
En cuanto a la movilidad, se analizarán siete variables: el índice de movilidad interior y exterior por provincias -con respecto a febrero de 2020-, los movimientos de largo recorrido de vehículos ligeros por zonas geográficas, el índice de movilidad global en los municipios de mayor población, la utilización del transporte público, la movilidad por área de residencia y el transporte de pasajeros y mercancías.
"Los indicadores de movilidad son centrales como punto de conexión entre la evolución de la epidemia y la actividad económica. (...) Conforme se avanza en el proceso de desescalada o reapertura, la evolución de la movilidad puede dar una idea de la eficacia del proceso gradual de desconfinamiento", considera el Gobierno. Por último, tendrán relevancia en el apartado de indicadores económico sociales la afiliación a la Seguridad Social (trabajadores y autónomos), los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el consumo de energía eléctrica.
El Gobierno ha detallado que se tendrán en cuenta indicadores de impacto de género y otros indicadores socioeconómicos de especial relevancia en cada territorio. Fuentes del Ejecutivo han precisado que el análisis de esos factores para determinar si un territorio puede pasar de fase en el proceso de desescalada será cuantitativo y cualitativo y se hará de manera conjunta con las comunidades autónomas.
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