Medidas contra el coronavirus

El Gobierno prohíbe cortar luz, agua y gas a toda la población durante la pandemia

¿Cómo ahorrar en la factura de la luz?
¿Cómo ahorrar en la factura de la luz?
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Ningún ciudadano podrá sufrir cortes de luz, agua o gas durante el confinamiento al que obliga el Estado de Alarma decretado por el coronavirus. Esta es una de las decisiones que ha tomado este martes el Consejo de Ministros en su reunión ordinaria, que supone garantizar los suministros básicos del conjunto de la población en medio de la orden de quedarse en casa para detener la proliferación del virus. Una medida que es una extensión de la decisión previa de impedir que se le suspendieran estos recursos a las familias más vulnerables. Y que forma parte de un gran paquete de políticas económicas y laborales debido a la extensión de la situación extraordinaria que ha provocado el Covid-19.

De esta manera, las empresas que suministran electricidad, agua o gas a los particulares no podrán llevar a cabo un corte de estos bienes imprescindibles en el día a día. Recursos que se han hecho aún más necesarios en este escenario de cuarentena total de todo el país, ya que no contar con alguno de ellos complicaría de manera evidente a cualquier persona o familia que no puede abandonar su hogar salvo para ir a la compra o la farmacia. Además, se extiende la cobertura del bono social a más colectivos de los actuales que ya se benefician de esta garantía de tener una luz más barata. 

Hace dos semanas, el Ejecutivo ya tomó la determinación de impedir que se dejara sin luz, agua o gas a los sectores de población en una situación de mayor vulnerabilidad, como aquellos que están en riesgo de exclusión social. A lo que se sumó la prórroga del bono social eléctrico a quienes debían renovar su solicitud del mismo, para lo que se amplió el plazo hasta el 15 de septiembre. De hecho, el asunto de la electricidad no es nuevo, ya que la legislación protege desde hace tiempo a quienes están en peligro de exclusión social. Tampoco se puede dejar sin luz de manera inmediata a los colectivos vulnerables de carácter severo que no paguen sus facturas, ya que hay que darles un margen de cuatro meses.

La novedad del plan previo de Moncloa estuvo en la incorporación del agua y el gas a esos suministros garantizados, además de por ampliar a todos los grupos vulnerables esta protección social especial. Una obligación a prestar el servicio que se amplió a las telecomunicaciones. De esta manera, las compañías del sector debían mantener activas las líneas de teléfono y los datos móviles durante un mes desde la imposición de la cuarentena. Incluso aunque el cliente no pudiera asumir el pago de las cuotas correspondientes. 

Esta intervención del Gobierno en los mercados de bienes básicos de primera necesidad para los hogares ya estaba contemplada en el decreto de Alarma, instaurado desde el pasado 15 de marzo y que se mantendrá hasta el próximo 11 de abril. Por eso, el Ejecutivo justifica la toma de decisiones de este tipo para dar "seguridad y protección para afrontar el impacto negativo de esta crisis", como ha señalado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. 

Moratoria de créditos personales

Otra de las decisiones acordadas por el Consejo de Ministros es una moratoria de tres meses sobre los créditos personales. De esta manera, se da un trimestre más de plazo a los consumidores que solicitaran un préstamo en el pasado y mantengan una deuda con la entidad que se lo concedió. Algo que puede servir a quienes se hayan quedado sin ingresos o vayan a sufrir una reducción de los mismos, ya sea por la imposibilidad de trabajar por la paralización económica motivada por la pandemia o por haber sufrido un ERTE. 

Esta es una de las políticas que afectará de manera directa a la banca, que es otro de los sectores afectados por la amplia estrategia económica del Gobierno frente al Covid-19. La otra medida a destacar tiene que ver con la moratoria de las hipotecas que se decretó la pasada semana. En medio de las cábalas sobre si habría cambios, los bancos podrán seguir exigiendo que se cumplan los cuatro supuestos para considerar vulnerable a un cliente y así permitir que se acoja al decreto. El único cambio es que no se exigirá toda la documentación, y bastará con una declaración personal.

Una batalla que esta vez sí ha ganado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tras encajar varias derrotas e incluso ser relegada por el presidente Pedro Sánchez. Algo que ha conseguido frente a la postura de Unidas Podemos de suavizar los requisitos para que se más ciudadanos pudieran aplazar el pago de sus cuotas hipotecarias.

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