Suma y sigue en la crisis de los centros de la tercera edad. La elevada tasa de contagios y muertes por coronavirus en las residencias de mayores ha llevado ya a una decena de gobiernos autonómicos a intervenir centros colapsados ante la ausencia de personal asistencial, con muchos trabajadores también infectados o aislados, y la carencia de medios.
Al margen de la intervención directa, con la asignación de funcionarios para supervisar y dirigir las residencias, prácticamente todas las comunidades han diseñado planes para aislar a los contagiados, incluyendo en muchos casos su traslado a otros espacios.
Ante la muerte de centenares de mayores en centros residenciales, el Ministerio de Sanidad publicó una orden el pasado 24 de marzo que les obligaba a comunicar de inmediato a las autoridades si no eran capaces de gestionar la retirada de cadáveres, y que permitía a los gobiernos autonómicos intervenirlos en función de su situación epidémica y asistencial.
La Comunidad Valenciana se adelantó y el día 20 informó ya de la intervención de una residencia en Torrent y otra en Alcoy, que están bajo vigilancia activa junto a otros cuatro centros. No se están facilitando cifras desglosadas de afectados, pero sólo en la de Alcoy, el número de fallecidos ascendía a 28 la semana pasada.
Un día después de la orden, el 25 de marzo, la Generalitat intervino la residencia asistida Ballús de Valls (Tarragona), con la mitad de los profesionales contagiados; y esta semana ha hecho lo mismo con otra de Sant Adrià de Besòs, en la que 15 de sus 27 trabajadores estaba de baja o no fueron a trabajar, y 14 de los 20 internos presentaban síntomas.
En Madrid, con el récord de fallecimientos por coronavirus, el Gobierno regional ha nombrado funcionarios para dirigir ocho residencias privadas con la situación más "crítica". Una de ellas, la residencia Vitalia de Leganés, sumaba el martes siete muertes más, según apuntaban a Efe fuentes del centro, con lo que el número de fallecimientos desde el inicio de la alerta sanitaria se eleva a 50, 43 con síntomas.
La Junta de Extremadura, por ejemplo, intervino la pasada semana la residencia privada Ciudad Jardín, en Plasencia, tras registrar nueve casos positivos, seis por parte de trabajadores; y Aragón ha hecho lo mismo con cuatro centros privados que no tenían suficiente capacidad de respuesta sanitaria.
Una urgente falta de personal
. El principal problema de las residencias está siendo la falta de personal, al contagiarse o presentar síntomas que les obligan a permanecer aislados. La situación también llegó al límite en la residencia Valle de Cuco, en el municipio burgalés de Adrada de Haza, con 31 internos que tuvieron que ser trasladados a otras localidades, y con diligencias abiertas por un juzgado. Éste fue el primero de los tres centros intervenidos en Castilla y León, al que se unieron las residencias privadas "El Roble", en Caboalles de Abajo (León) y la de "Caracillo", en Ciudad Rodrigo (Salamanca).
También ha habido intervenciones en Castilla-La Mancha, una de las primeras comunidades en alertar de la situación de estos centros al morir al menos 15 ancianos en la residencia Elder de Tomelloso; y en Galicia, donde la Xunta ha intervenido dos centros de Vigo, el de Cangas y el de Barreiro, tras dispararse a casi 200 los contagios entre ambos.
Andalucía se suma asimismo a la lista al intervenir la residencia Fundomar Los Bermejales, en Sevilla, tras dar positivos más de la mitad de los 147 residentes, y con ella Murcia, que tras asumir las competencias de tres residencias, decidió extender la medida a todas en las que se registren casos positivos y sospechosos de COVID-19.
Decisiones de diferentes gobiernos autonómicos que se unen a la iniciativa espontánea y cada vez más extendida de los propios trabajadores de algunas residencias del país, que han decidido confinarse voluntariamente en los centros para proteger a los mayores del contagio.
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