Las patronales de las residencias de ancianos privadas de España piden ayuda urgente a la administración. "No hay recursos". Las residencias de ancianos en España están al borde de una situación crítica. Decenas de fallecidos y centenares de ancianos contagiados por el Covid-19. "Las empresas de atención a mayores reclamamos urgentemente el suministro de equipos o el colapso del sistema se producirá esta misma semana", denuncia Cinta Pascual, presidenta de una de las asociaciones del sector, el Círculo de Empresarios de Atención a Personas (CEAPs), integrada en AESTE (Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad).
Como ha dicho este mediodía del jueves en su comparecencia el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, el decreto de medidas urgentes extraordinarias aprobado por el Gobierno incluye un fondo especifico de contingencia de 300 millones de euros para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes, "ya que están más expuestas a los riesgos del Covid-19". "Esperamos que llegue pronto", dicen desde la patronal del sector de las residencias de ancianos, "porque si no... De momento, nosotros no hemos visto nada".
Según CEAPs, "los trabajadores de atención a la dependencia necesitan de forma urgente disponer de medios de protección para continuar con el cuidado a los mayores, pero tras numerosas peticiones al Gobierno durante los últimos días, seguimos sin obtener ningún tipo de respuesta. La situación es insostenible", reclaman.
El sector de las residencias de personas mayores atiende a más de 380.000 personas cada día -según los últimos datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, 227.819 en residencias públicas y 153.339 en privadas- en los aproximadamente 5.500 centros existentes en toda España, aunque el último informe de la plataforma envejecimiento en red del CSIC, de octubre de 2019, dice que existen en España 3.417 centros residenciales de mayores, con 372.417 plazas -aunque especifican claramente en el informe que el dato puede no ser exacto-.
"Las personas que cuidamos en nuestros centros, y también a través de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, son uno de los colectivos más vulnerables al Coronavirus según la Organización Mundial de la Salud". Actualmente, aseguran en CEAPs, "somos la única barrera capaz de contener el colapso inmediato del sistema sanitario", consideran y "si no se produce una respuesta responsable por parte del Estado en las próximas horas, estaremos abocados a una catástrofe incalculable", asegura Cinta Pascual.
Por ejemplo, en Amavir, empresa que gestiona 42 residencias en siete comunidades autónomas, con 6.223 plazas, cuenta también con 41 centros de día con un total de 1.405 plazas, y hay un total de 4.500 trabajadores, han muerto 8 ancianos. Desde la empresa se explica que "la situación es complicadísima y se viene denunciando desde hace varios días. Es insostenible y dramático y las patronales del sector ya han alertado de que se tenían que tomar medidas. Nos estamos sintiendo abandonados y el Gobierno central y las comunidades autónomas tienen que tomar medidas urgentes, ya mismo".
Según CEAPs "llevamos semanas tomando medidas para prevenir el contagio de personas en nuestros centros y el resultado, hasta ahora", pese a las cifras de muertes y contagiados entre los ancianos, "creemos que ha sido bueno, aunque un solo fallecido ya es una tragedia en sí, porque las residencias afectadas están en torno a la docena en todo el país gracias a la prevención, la profesionalidad y los protocolos establecidos por las entidades que las gestionan. Hemos colaborado en evitar el colapso del sistema sanitario y estamos satisfechos de nuestra aportación. El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), José Augusto García Navarro, es tajante: "El Coronavirus ha desbordado el sistema social y sanitario".
El padre Ángel García, fundador de Mensajeros de la Paz, que gestiona la residencia Montserrat Caballé, en el distrito de Barajas de Madrid, donde han fallecido seis ancianos, casi al borde de las lágrimas y con hilo de voz, pide ayuda urgente porque "no teníamos material para trabajar y pese a que la Comunidad de Madrid nos ha enviado 500 mascarillas, cosa que agradecemos, no es suficiente. Se nos han muerto ya seis ancianos y las muertes van a ir a más porque los ancianos son las personas más vulnerables y expuestas a este virus. Además el personal se está empezando también a infectar y no pueden trabajar y los voluntarios, por razones obvias de la cuarentena y de salud, también están dejando de venir. Necesitamos más ayuda porque empezamos a quedarnos sin material y también sin personal"ç.
Ante esta situación, desde CEAP exigen al Gobierno y al Ministerio de Sanidad que: "Haga llegar de inmediato a todos los centros los materiales necesarios de protección, EPIS, para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad. Que se considere a los trabajadores de los centros y servicios sociosanitarios como personal sanitario nivel 1 mediante certificación oficial para que puedan hacerles la prueba de la enfermedad. Que se permita seguir trabajando al personal sanitario en los centros y servicios sociosanitarios para evitar el colapso de los centros hospitalarios y que las personas mayores atendidas, cuando los síntomas respondan, deberían hacerse la prueba de manera preferente para prevenir contagios con otros residentes y así poder tomar las decisiones oportunas en cada uno de los centros".
Las residencias de ancianos se encuentran en el foco de la pandemia Covid-19. Solo en la residencia Monte Hermoso, de Madrid, han muerto al menos 19 ancianos y la Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación penal a raíz de una denuncia presentada por la asociación el Defensor del Paciente. La presidenta de esta asociación, Carmen Flores, cree que ello se debe a “la falta limpieza, de medios, de personal, de seguridad...”, con la que trabajan en el centro y califica los hechos como "insólitos y dramáticos".
Pero, ¿cómo es el panorama de las residencias de ancianos en España? A finales de 2018, en España había, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, 227.819 plazas de financiación pública y 153.339 de financiación privada. Con estos datos sobre la mesa y teniendo en cuanta que el número de personas mayores de 65 años en nuestro país es de 9 millones, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncia que "son necesarias 70.000 plazas residenciales más para alcanzar la ratio de 5 plazas por cada 100 personas. mayores de 65 años que recomienda la OMS".
Es más, en los últimos años, "aunque entre 2010 y 2018 el número de personas mayores de 65 años ha aumentado en casi un millón (958.023), el número de plazas residenciales sólo se ha incrementado en 12.353" por lo que la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido y ha pasado de 4,56 a 4,21 y las plazas de financiación pública apenas son 2,5 por cada 100 mayores de 65 años.
En cuanto a la situación por comunidades, seis de ellas disponen de un mínimo de 5 plazas por cada 100 mayores, curiosamente no las que mayor nivel económico tienen, que son Castilla y León, Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja y Asturias. De ellas, solo una, Castilla y León, alcanza la ratio de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años con las plazas existentes de financiación pública. En términos porcentuales, Canarias, Galicia, Murcia, Valencia, Andalucía, Baleares y el País Vasco son las que más carencias de plazas presentan y en números absolutos, según la la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, el ránking lo encabeza Andalucía, con un déficit de 27.981 plazas, Comunidad Valenciana (20.844), Galicia (14.858), Murcia (8.364), Cataluña (8.038), Comunidad de Madrid (7.479), Canarias (7.364) y País Vasco (6.063).
En Madrid, Aragón y Asturias hay más plazas privadas que públicas. En cuanto a los precios de las residencias públicas o concertadas, los mayores de 65 años de Madrid, Cataluña,Valencia, La Rioja y Andalucía pagan menos de 7.000 euros anuales y las más caras se encuentran en Navarra y el País Vasco, con plazas que cuestan más de 11.000 euros anuales.
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