Las numerosas muertes de ancianos que viven en residencias por el coronavirus han acabado por movilizar al Ministerio de Sanidad. El departamento que dirige Salvador Illa va a controlar desde ahora la gestión que hacen las comunidades de estos centros de mayores, que viven una situación dramática por los miles de muertos que registran. Para ello, exigirá a cada autonomía que le faciliten hasta mañana, 8 de abril, todos los datos pormenorizados de lo que ha supuesto el Covid-19 en estos emplazamientos. Una orden, publicada en el BOE, con la que Sanidad se garantiza conocer el número real de fallecidos en cada uno de ellos para así reflejarlos en las estadísticas oficiales. Lo que ayudará a solucionar el baile de cifras que se da en estos momentos.
Los gobiernos autonómicos o las consejerías que se encarguen de las residencias tienen hasta este miércoles para trasladar toda la información disponible al Ministerio. Los detalles que deberán remitir son el número de centros que hay en su territorio, cuántos residentes hay en los mismos o cuántos de estos han fallecido desde el 8 de marzo hasta el día en el que hayan hecho el recuento. Después, tendrán que precisar cuántos de esos muertos padecían el virus o tenían sintomatología compatible con la pandemia. Unos datos que permitirán al Gobierno conocer qué está ocurriendo en estos lugares, y que hasta ahora no se habían exigido de manera tan clara a las CCAA, entre las que destaca Madrid como la más golpeada.
Para garantizarse la actualización de los datos, Sanidad establece que estos se renueven dos veces por semana hasta que se ordene lo contrario. Todas las autonomías estarán obligadas a hacerlo cada martes y viernes antes de las 21 horas, para que así sus cifras se incluyan en las estadísticas de positivos, fallecidos y altas por el Covid-19 que ofrecen las autoridades cada mañana. La manera de obtener los datos precisos de cada centro corresponderá a cada gobierno autonómico, siempre y cuando no disponga de la información previamente.
Esta orden ministerial, publicada el pasado sábado, también servirá para que se reconozca como centros sanitarios a las residencias. Una calificación que era necesaria para que se les diera una prioridad similar a la de los hospitales y centros de salud, y que facilitará que se medicalicen y llegue mucho más material sanitario a todas ellas. Lo que abrirá el camino a que se instalen respiradores y otros aparatos necesarios para atender a los ancianos que estén pasando más dificultades por un contagio. Por tanto, habrá mucho más medios materiales y humanos disponibles de los que había hasta ahora. Un déficit que se soluciona tras las quejas constantes de los responsables y trabajadores de los centros.
El formulario a rellenar
Para desglosar bien los datos, Sanidad ha elaborado un formulario para que las CCAA desglosen varios aspectos sobre qué está pasando en las residencias. Por ejemplo, insta a que especifiquen cuántas residencias de mayores han contado con un expediente de intervención por el virus desde el 24 de marzo, cuántos trabajadores hay en cada uno de ellos, y cuántos fallecidos en esos centros intervenidos se han registrado desde el 8 de marzo. Otra exigencia es revelar cuántos emplazamientos de servicios sociales, que son los que acogen a dependientes y discapacitados, han sido intervenidos desde el 24 de marzo. Ya sea por una cuestión recogida en el decreto de esa fecha o por una excepcional, como la falta de personal o la imposiblidad de retirar cadáveres.
Otras medidas de la orden ministerial implican el alta, la baja, el traslado o las reubicaciones de los mayores afectados cuando sea necesario su aislamiento para proteger al resto de ancianos que conviven con ellos. Algo que también se llevará a cabo cuando los recursos disponibles en un complejo en concreto no sean suficientes para atender a uno o varios afectados, y que afectará por igual a las residencias públicas y a las privadas, ya que estas últimas quedan intervenidas de facto por esta instrucción de Illa. Las instalaciones del Imserso se suman a este nuevo escenario, y podrán ser utilizadas para acoger o tratar a los positivos o a quienes tengan síntomas que se correspondan con el virus.
Esta respuesta de la cartera de Salvador Illa llega semanas después de conocerse la tragedia que se vive en los complejos acondicionados para la vida y la atención de los ancianos. La vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias ha insistido en que esto se lleve a cabo, debido a que los mayores forman parte de sus competencias por tener bajo su paraguas el Imserso. Además, ya lo solicitaron algunas administraciones, como la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid que dirige Ciudadanos, pero que no fue pedido formalmente por la presidencia de la región, controlada por el PP.
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