Crisis del Covid-19

Sanidad pone en el ojo del huracán a las CCAA y toma el control de las residencias

Salvador Illa, ministro de Sanidad
Salvador Illa, ministro de Sanidad
EFE

La intervención del Ministerio de Sanidad en la gestión que hacían las comunidades autónomas de las residencias de mayores ha tardado en llegar tres semanas. Una decisión tomada por el departamento de Salvador Illa por el que se aparta a los gobiernos autonómicos del control que tenían hasta ahora de estos centros, y que les fuerza a desvelar el número de fallecidos por coronavirus. Algo que revela, por un lado, que el Gobierno no había puesto toda la atención necesaria sobre los complejos para ancianos, como señalan fuentes del Ejecutivo a La Información. Pero que, además, ya no confía en los planes para estos emplazamientos de algunos gobiernos regionales, como señalan las mismas fuentes. Lo que abre otro frente entre Illa y las autonomías, con muchas de ellas recordando que el "mando único" de esta crisis es la cartera del ministro catalán.  

En Sanidad eran conscientes de que las residencias estaban pasando un momento crítico por la información de su propio equipo y la que le llegaba de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que es la cartera de la que cuelga el Imserso. Aun así, el "desborde de trabajo" y la "indecisión" en medio de esta crisis explican que hasta ahora no se hubieran volcado en tratar de revertir esas dificultades por el Covid-19 que viven los ancianos y los trabajadores que les atienden, como afirman las fuentes consultadas por este diario. A lo que se suma que el equipo del ministro Illa ha tardado en considerar como un "problema sanitario" lo que estaba ocurriendo. 

Pero la balanza la ha inclinado finalmente esa labor desarrollada hasta ahora por las CCAA. Las altas cifras de fallecidos en lugares como la Comunidad de Madrid o Cataluña llevaban días escandalizando a distintos sectores del Ejecutivo central, que pedían que se llevara a cabo esa intervención de manera inmediata. El goteo de historias en los medios de los centros con decenas de fallecidos o contagiados, los testimonios entre lágrimas de los trabajadores o las quejas públicas de los familiares fueron otros ingredientes para que el Ministerio se decidiera en asumir estas funciones. Una presión que también venía del exterior, con partidos de la oposición de algunas regiones exigiendo un mayor papel del Estado. 

Esta decisión no ha caído del todo bien en algunas comunidades. Sobre todo, en Madrid, donde había voces que llevaban semanas pidiendo que se diseñara un plan especial para las residencias que no se quedara solo en la desinfección de la UME. Fuentes de la Comunidad recuerdan que la Consejería de Políticas Sociales ya reclamó que Illa diera ese paso, ya que tenía el poder de hacerlo unilateralmente. No le hacía falta que hubiera una petición formal que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, nunca realizó. A pesar de que ella misma apuntó en una entrevista que los fallecidos en estos complejos estaba cerca de los 3.000. Una cifra muy alta si se tiene en cuenta que en los 475 geriátricos de su territorio había 52.000 mayores antes del inicio de la crisis. Es decir, un 6% de muertos sobre el total.

Otras comunidades consultadas por esta redacción aseguran que siempre han tenido disponibles los datos de ancianos contagiados, fallecidos o con síntomas por el coronavirus. Lo que no les consta es que el Gobierno les haya solicitado antes información de este tipo, que hasta ahora facilitaban a la opinión pública. Por eso, no se comprende que quien ostenta el "mando único" de la crisis ahora ponga el foco sobre ellas. La única excepción fue Madrid, que se pasó más de una semana sin desvelar las cifras reales. Una política que se mantiene a pesar de la instrucción de Sanidad, ya que el departamento de Políticas Sociales madrileño no ha facilitado los datos de muertos o positivos en sus residencias. El motivo es que "depende del ministerio hacerlos públicos". Otras, como Extremadura, revelan que ya se han registrado 183 fallecidos y 295 contagios en 50 complejos afectados. 

Información dos veces por semana

El control de la situación de los complejos en los que viven personas mayores que ha marcado Sanidad será exhaustivo. Las regiones están obligadas a actualizar los datos bisemanalmente, concretamente antes de las 21.00 horas de cada martes y viernes. Una monitorización que 'ata en corto' a las autonomías cuando hasta ahora se había confiado en cómo estaban abordando los problemas que presentaban las residencias. De hecho, la intervención del Ejecutivo central hasta ahora se había limitado a reforzar el papel de los gobiernos regionales, como se estableció en la orden ministerial del pasado 24 de marzo. La única ayuda que pidieron fue la de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para tareas logísticas y de desinfección.

Ahora se abre un escenario totalmente nuevo. Desde ahora, la responsabilidad de la gestión corresponderá a un empleado público, que será quien supervise que se cumplen las normas establecidas de ubicación y aislamiento de pacientes, limpieza, coordinación para el diagnóstico, seguimiento o derivación. La consideración de centros sanitarios de las residencias que se marca en la orden ministerial facilitará que llegue el material de protección o de asistencia para los afectados. Es decir, ahora se podrán medicalizar estos emplazamientos con todas las garantías. Además, podrán contar con instalaciones que pertenezcan al Imserso, a donde se podrá trasladar a un grupo concreto, ya sea de asintomáticos o de personas sin síntomas. 

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