Más distanciados que nunca y sin visos de reconciliarse. Esta es la descripción que puede aplicar a la relación que mantiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los principales partidos de la oposición un mes después del estallido de la pandemia de coronavirus. Las cifras de contagiados y de fallecidos por el Covid-19 se han convertido en apenas 30 días en una de las armas que utilizan partidos como PP o Vox contra Moncloa, a la que responsabilizan directamente de las mismas. Ya sea por falta de previsión a la hora de decretar el estado de alarma o por no haber logrado detener el avance de la enfermedad desde que se instauró el confinamiento. Lo que ha puesto a Sánchez en una situación muy difícil, solo y sin apoyos claros fuera de su entorno, en la que se cuestiona que sea válido para el puesto y que hace casi imposible que haya un pacto político para reconstruir la actividad del país cuando el virus lo permita.
Esta situación se plasma en el fracaso del Gobierno a la hora de intentar convencer a todos los partidos para que se sumen a esos nuevos 'Pactos de la Moncloa'. El más importante, el PP, ha retrasado hasta la próxima semana la reunión de su líder, Pablo Casado, con Sánchez. Un encuentro que el Ejecutivo quería celebrar este mismo jueves, pero con el que los 'populares' han logrado manejar los tiempos. Una maniobra que se suma al rechazo de Vox a que Santiago Abascal acuda a esa pensada para buscar un consenso. La negativa se fundamenta en la presencia de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, por lo que el partido de extrema derecha exige la destitución del vicepresidente segundo para así aceptar las llamadas de Sánchez.
Este exigencia de Vox ha confirmado los temores en Moncloa de que se pretenda utilizar al Ejecutivo de coalición como moneda de cambio para que los más críticos se abran a negociar cómo reactivar el país tras la crisis sanitaria. Algo que la portavoz del mismo, María Jesús Montero, ya descartó tras el Consejo de Ministros del martes. Pero eso no se ha traducido en una rebaja de la presión. De hecho, no para de aumentar. Las duras intervenciones de diputadas como Macarena Olona (Vox) o la portavoz 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo así lo demuestran. Y que llegan al punto de que Olona acuse a Iglesias en particular de querer instaurar un modelo como el venezolano en España y a Moncloa en general de querer controlar las redes sociales. O a que Álvarez de Toledo no vea "sentido" a pactar nada con Sánchez debido a que ha unido su destino al de los morados y no se separaría de ellos.
Una presión prevista
Como ya publicó este diario, el PP ya estaba planeando aumentar la presión contra Sánchez y su equipo a través de todos sus dirigentes y parlamentarios destacados. Quien lidera dicha estrategia es la propia Álvarez de Toledo, que lleva días repitiendo que España es uno de los países más afectados e incluso el que registra más muertes por cada millón de habitantes. Otros diputados también se han sumado a ese tono cargado de acrimonia, provocando el enfado y las críticas de los ministros y de los partidos que conforman la coalición. El que no cargará las tintas aunque incremente la intensidad de sus críticas será Pablo Casado, ya que fuentes 'populares' señalan que él está obligado a mantener un tono más institucional. "Pero el resto no. Y habrá más presión", inciden las mismas fuentes.
Mientras tanto, el Ejecutivo no se mueve de su posición de insistir al resto del arco parlamentario a que se sumen a sus planteamientos de reconstrucción. Un discurso del que no se han movido ni PSOE ni Unidas Podemos, y que repiten en cada intervención que realizan. Hasta ahora, la única oferta es esa y no se ha variado. Según socialistas y morados, quien rechaza sumarse al consenso comete una "irresponsabilidad" e incluso es "desleal", que fue el calificativo que dirigió la portavoz socialista, Adriana Lastra, a Pablo Casado. Lo que lleva a una situación en la que por el momento nadie ha cedido y que no hace más que obstaculizar ese pacto de reconstrucción al que aspira Sánchez. El mismo que quiere el PP y la mayoría de partidos. Pero con unas condiciones distintas a las planteadas hasta el momento por Moncloa.
El CIS como munición
Esas malas relaciones entre Gobierno y oposición van camino de ser aún peores por los ingredientes extra que van surgiendo en estos días. El último lo ha puesto el CIS, que con su barómetro de abril ha vuelto a desatar una oleada de reproches contra su presidente, José Félix Tezanos, y contra Sánchez por mantenerle en el puesto a pesar de que sus métodos siguen cuestionados tanto por partidos como por expertos en demoscopia. La aprobación que dan los encuestados a la gestión realizada por Sánchez es lo que ha enardecido a PP o Vox, que insisten en insinuar en que se trata de un sondeo prefabricado que se hace al dictado de lo que quiere Sánchez.
Pero lo que más ha llamado la atención de ese sondeo, y que también ha provocado numerosas críticas contra el CIS y Tezanos, es la pregunta realizada sobre los bulos difundidos sobre el Covid-19 y el papel de los medios de comunicación. La cuestión del instituto público señalaba a los encuestados si existía la necesidad de controlar la información difundida por los medios de comunicación sobre la pandemia. La dicotomía planteada es si sería conveniente acabar con la "difusión de bulos e informaciones engañosas" limitando todo lo que tenga que ver con el virus a las "fuentes oficiales" o mantener la actividad normal de los medios de comunicación. Algo que ha provocado la indignación en el ámbito de la prensa. Y que ha coincidido con las acusaciones de Vox al Gobierno de querer manejar todo lo que tenga que ver con el coronavirus.
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