La rectificación de los datos exigidos a las comunidades autónomas sobre el impacto del coronavirus en las residencias de ancianos va a permitir al Ministerio de Sanidad contar con muchos más datos de los que disponía anteriormente. Desde ahora, el departamento de Salvador Illa podrá conocer de manera específica cuántos mayores fallecieron tras haber dado positivo y cuáles lo hicieron sin que se les hiciera prueba a pesar de que tenían síntomas compatibles con el Covid-19. Pero esto no va a alterar el sistema del Gobierno para contabilizar los fallecidos. Al menos, por el momento. El plan es seguir considerando fallecido por la pandemia solo a quien haya dado positivo en una prueba PCR, tal y como se ha hecho hasta ahora, como confirman fuentes gubernamentales a La Información.
De esta manera, la cartera de Illa descarta asumir como muertos por coronavirus a todos aquellos con los síntomas compatibles en los centros de mayores. Incluso cuando su fallecimiento se registró en un entorno donde se habían producido otros contagios. La duda está en por qué Sanidad reclama ahora conocer estos datos de manera pormenorizada si no va a integrarlos en sus registros oficiales de víctimas. Una cuestión que el ministerio no resuelve, ya que a preguntas de este medio se limitan a señalar que "la definición de caso dice que se considera todo aquel que está diagnosticado de coronavirus por prueba diagnóstica, esté o no hospitalizado". Además, destacan que "el de España es uno de los sistemas de definición de caso más exigente y riguroso de Europa".
De incluir a los muertos no confirmados con la PCR, el Ejecutivo central aumentaría de una manera espectacular las cifras oficiales, que ya contabilizan más de 14.000 víctimas por la pandemia. Una cuestión que ha generado polémica en ciertos momentos, al usarse para denunciar que no se han hecho los suficientes tests a los fallecidos debido a que no hay los necesarios para chequear a toda la población. Lo que tampoco confirma Sanidad es si ofrecerán a la opinión pública el dato concreto de muertos con sintomatología que no pudieron acceder a la prueba. Unos guarismos en los que no entran los afectados a los que sí se les hizo y fallecieron antes de conocer el resultado, al ser considerados como muertos positivos por las CCAA una vez se confirma que padecían el virus.
Las CCAA no recogían los datos igual
Este cambio de criterio del Ministerio ha sorprendido a las comunidades autónomas, para las que hasta ahora no existía una instrucción unificada de cómo debían contar a los muertos en los centros de mayores. De hecho, algunas enviaban solo los fallecidos positivos por Covid-19 y otras contaban tanto a los contagiados confirmados como a los que tan solo tenían síntomas, como ha podido comprobar este diario. En el caso de aquellas que aglutinaban todos los decesos fueran positivos o no, las fuentes autonómicas consultadas señalan que no se les pidió en ningún momento que especificaran la situación previa de quienes perdieron la vida.
Esta situación ha provocado que, hasta ahora, Sanidad contara con datos de muertos en complejos que acogen a mayores que no eran uniformes. Situación de la que se desvinculan las comunidades consultadas por este diario, que destacan que han operado como les marcaba el mando único de la crisis. Algo que quedará solucionado tres semanas después de que se iniciara el estado de alarma, y que queda reflejado en la orden ministerial publicada el pasado sábado. La misma instrucción que daba de plazo hasta este 8 de abril a los gobiernos regionales para facilitar de manera desglosada cuál era el estado del fallecido y si había sido sometido a las pruebas correspondientes. Y que ha evidenciado que el ministerio no estaba conforme con cómo se había tratado a nivel autonómico el asunto de las residencias.
El lío de los registros
La polémica por los números totales de afectados ya ha trascendido al ámbito político y a las acusaciones de partidos como el PP o Vox, que defienden que Moncloa no está ofreciendo todos los datos que maneja. El debate lo abrió esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que manifestó que el número real de fallecidos en esa autonomía podía casi triplicar a los de la estadística oficial. Su análisis se basaba en las tramitaciones de licencias de enterramiento por defunción de marzo, que a día 31 alcanzaron las 1.921. Un número muy superior al dato oficial relacionado con el virus de la autonomía, que en el mismo periodo contemplaba 774 muertes por Covid-19. Y que mostró que los registros civiles manejan números muy distintos a los de Moncloa.
Esto ha servido para poner sobre la mesa la situación de los registros, que aunque cumplen con la exigencia del Ministerio de Justicia de comunicar a diario el número de defunciones en todo el país, no pueden aclarar cuántos de ellos tenían coronavirus. Lo que sucede por dos motivos, como que el formulario a rellenar no pide especificar esa condición o porque el abultado número de decesos impide que se haga una autopsia que aclare qué ha ocurrido en la mayoría de estos casos. Unas dificultades que muestran las trabas de estas oficinas para desarrollar la labor que se les reclama. Los registros llevan años instando a que se modernice su sistema de trabajo. Extremo que está contemplado en una ley de 2011, pero que no ha entrado en vigor al no haberse licitado la plataforma informática necesaria para esa renovación.
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