Discrepancias en los métodos

Sanidad no computa todos los muertos: el Registro aflora centenares de fallecidos

Funerarias saturadas: nace la morgue del Palacio de Hielo
Funerarias saturadas: nace la morgue del Palacio de Hielo

Las sospechas sobre irregularidades en los datos que contabilizan cada día los fallecidos por el coronavirus han saltado a la luz tras publicar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCL) un informe según el cual los muertos en esta región recogidos por el Registro Civil son más del doble de los que cada día anuncia Sanidad, obtenidos de la correspondiente consejería autonómica. Este hecho, que el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha limitado a reconocer y no ha sabido explicar, demuestra que hay una gran 'tapadera' de fallecidos por el virus, dado que no se contabilizan como tales muchos de los que constan en los certificados de defunción del Registro como "sospechosos" de haberlo padecido.

Desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (el nuevo nombre de la clásica Dirección General de Registros y Notariado) dependiente del Ministerio de Justicia, se ha reconocido el fuerte incremento que supone para su actividad diaria el registro de los certificados de defunción que llegan cada día, en una pandemia que se ha llevado ya a más de 13.000 personas en España, lo cual puede provocar ciertos desajustes en su contabilización inmediata. Pero el problema que se ha detectado y que el ministro admite no es solo ese, sino que hay distintos criterios en los Registros y Sanidad a la hora de contar los fallecidos: mientras que desde el ministerio de Salvador Illa se da a conocer cada día el dato acumulado que reciben de todas las consejerías autonómica sobre los muertos por el virus, recogidos en sus hospitales, en el Registro se anotan tanto éstos como los que constan en certificados de defunción que llegan de las funerarias por muertes producidas fuera de los hospitales, es decir, en casa, residencias de ancianos u otros centros sin atención médica continua.

Fuentes del ámbito forense y de los servicios de urgencia admiten que cuando se va a certificar la muerte de una persona en su domicilio, en la calle o en alguna residencia de ancianos, se miran las evidencias de la muerte y los historiales clínicos de los fallecidos cuando los hay, para determinar la causa, si bien señalan que en la mayor parte de esos casos no se puede asegurar con total exactitud que haya sido una enfermedad u otra. En un escenario como el actual, con miles de muertos por el coronavirus en personas con dolencias graves anteriores o con las defensas bajas por su avanzada edad, se suele anotar en el certificado de defunción, junto a la causa oficial (paro cardíaco), que ha habido un "posible coronavirus", sin más especificaciones, porque a este tipo de muertos no se les hace ninguna prueba oficial.

La cuestión es que esas "sospechas" de virus sí se contabilizan en los Registros civiles y, además, son los datos que le llegan al Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que siempre van a estar muy por encima de los datos sobre hospitales que ofrecen cada día los técnicos que controlan la evolución de la enfermedad. El ministro de Justicia admitía este lunes que hay una "discrepancia" entre los datos que ofrece Sanidad y los de los registros, tal y como revelaban las cifras de Castilla-La Mancha, y aseguraba que se iban a dar las órdenes pertinentes para que esto no ocurriera. La duda que surge estriba en el hecho de que esta 'tapadera' puede haberse dado en los datos del resto de las comunidades autónomas, con el agravante de que hay miles de muertos por el virus en todas ellas que han fallecido en residencias de ancianos.

En datos

Madrid, Cataluña y Castilla La Mancha son las autonomías más golpeadas por el coronavirus. La capital ostenta el primer lugar en número de afectados y fallecidos; la autonomía de Quim Torra, en el uso de las UCI; y Castilla La Mancha, en la velocidad de expansión del virus. Todas las miradas están puestas sobre estas CCAA ahora, especialmente por las últimas denuncias que ponen en duda las cifras que publica Sanidad todos los días sobre el comportamiento de la pandemia.

Castilla La Mancha se ha convertido en el 'Wuhan español'.  Una región con un poco más de dos millones de habitantes tiene 10.602 contagios y 1.142 muertos, según Sanidad. Pero, los informes del registro civil pudieran duplicar la cifra. Los datos de la entidad  muestran que las defunciones en marzo 2020 han incrementado un 96,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, y que un 57,9% de estas se han atribuido de forma segura o probable al Covid-19. La primera víctima mortal de la zona se detectó el 12 de marzo. Fue una mujer de 82 años radicada en Albacete que murió cuando solo se habían identificado 115 casos en toda la autonomía. La curva creció rápido. A los seis días eran 46 los fallecidos; el 20 de marzo, 62; y este lunes, 1.132. Así, la CCAA se ha convertido en la segunda con una mayor proporción de muertos, solo por debajo de Madrid.

castilla la mancha gráfico
 

Es importante tener en cuenta que los procedimientos de conteo de Sanidad y el registro civil son igual de válidos y legales. El problema radica en la imposibilidad de analizar la pandemia con distintos métodos en un solo país. Y el dilema traspasa fronteras. Muchos países de la Unión Europea solo cuentan como fallecidos por el virus a los enfermos que no pudieron ser curados en los hospitales y España, en algunas CCAA, incluye a los que perecieron en sus hogares y residencias. Una homogeneidad de variables en España y fuera de España ayudaría a tener una visión más realista de la crisis.

Más voces se han alzado por las presuntas inconsistencias en el número de fallecidos ofrecido por el Ejecutivo. El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, denunció que existe "una orden" de "ocultar el número real" de muertes por coronavirus en la región extremeña, lo que a su juicio supone una "estrategia" que tiene un nombre que "por respeto" no va a decir. El líder del PP alertó de que el Gobierno, a través de una directriz de los ministerios de Sanidad y de Justicia, está anulando las autopsias e indicando que las muertes por el brote sin test hay que anotarlas como "no confirmadas".  Esta medida, de ser cierta,  también bajaría los totales. 

Otra discrepancia fue apuntada por la consellera de Sanidad catalana.  Alba Vergés se dirigió a los ciudadanos para explicar que los datos comunicados por el Govern todas las noches se limitan a los fallecidos en hospitales. No reflejan las muertes en domicilios o residencias de ancianos, que solo en marzo fueron 511. Por su parte, el Gobierno vasco, ha informado de que contabiliza como víctimas mortales del brote a todas las personas que se les ha hecho la prueba y después mueren, aunque tengan otras patologías. Las metodologías distintas en el cómputo de la situación entre las CCAA pueden tergiversar la foto presentada al país.

Los problemas no se limitan a las muertes. Un pequeño asterisco levantó las sospechas sobre la realidad de las UCI la semana pasada. El símbolo apareció por sorpresa al lado de la cifra de ingresados de Madrid el jueves y se multiplicó en las de CastillaLa Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Galicia el pasado viernes. Su introducción rompe con la unidad del informe, que explica que las cinco CCAA destacadas muestran la prevalencia en las salas -las personas en una UCI a día de hoy- y las otras, el dato acumulado hasta ahora. Por ello, unas autonomías muestran 'el hoy' y otras el 'hasta hoy'. La disparidad crea baches en las posibles comparaciones entre la situación de las regiones.

Los dirigentes autonómicos esperan que se superen estos antagonismos. Mientras, piden más apoyo, material sanitario y test al Ejecutivo para combatir a un virus, que ya deja más de 135.000 afectados y 13.000 fallecidos en el país. Las autoridades del Gobierno central han celebrado en los últimos días una "ralentización" de la curva de la pandemia, pero estas últimas investigaciones ponen en peligro el alcance de sus afirmaciones. 

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