Con gran parte de la actividad económica no esencial clausurada o limitada, y sin que exista la posibilidad de decretar confinamientos domiciliarios, el toque de queda se ha erigido como la gran panacea frente al coronavirus. Varias comunidades autónomas tienen claro que limitar la movilidad durante el máximo de horas posibles puede ayudar a contener los contagios, disparados en todo el país y que están dejando cifras récord en todos los ámbitos. Un asunto por el que ya se ha abierto una batalla judicial entre el Gobierno central y la Junta de Castilla y León. Y que ya cuenta con el estatus de problema político para el Ministerio de Sanidad, que tras su no rotundo a recluir a la población en sus casas ahora tiene otro frente, lo que ha abierto una batalla política con enfrentamientos públicos y discusiones técnicas que no solucionan el problema. Todo con la pandemia más descontrolada que nunca.
Los datos recopilados por La Información sobre el empeoramiento de la incidencia acumulada pueden servir para explicar por qué en pocos días hay varias comunidades que han reclamado poder impedir que haya gente en la calle desde un momento determinado. Una petición que tiene como punto de partida la franja vespertina del día. La hora 'estrella' son las 20h, que ha sido la elegida por Castilla y León y la más mencionada por otras comunidades, y que se extiende hasta las 6h del día siguiente. Pero otras CCAA, como es el caso del País Vasco, han llegado a hablar de las 18h. Propuesta con la que aspiran a imitar a Francia, que lleva varios días limitando la movilidad desde esa hora, lo que le permite tener a la inmensa mayoría de ciudadanos internos en sus casas durante al menos 12 horas.
La presión de la pasada semana ha servido para que el Ministerio de Sanidad ya se plantee hacer una propuesta a los consejeros autonómicos en el próximo Consejo Interterritorial de Salud, que está previsto que se celebre el próximo miércoles. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya comenzó a tantear qué planes tenían las CCAA a través de las consultas informales que realizó el pasado fin de semana. Aunque el paso previo a este encuentro es la decisión que tomará el Tribunal Supremo sobre la decisión de Castilla y León de adelantar la hora de inicio de la restricción nocturna. El Alto Tribunal se pronunciará tras el recurso de la Abogacía del Estado frente a la medida, y que está fundamentada en que el decreto aprobado por el Congreso establece que el inicio de la misma tiene como hora tope de inicio las 22h. Por lo que hacerlo antes iría en contra de la norma, vigente hasta el próximo mayo.
Pero todo este cruce de declaraciones políticas, de choques que acaban en la vía judicial, de exigencias o de acusaciones tanto a Moncloa como a las autonomías de no implicarse en la lucha contra el virus, se produce en un momento especialmente delicado. En este momento, España ha batido todos los récords de contagios diarios, de incidencia acumulada (IA) o de ingresos en UCI. Los datos del 18 de enero son los peores desde que hay registros de coronavirus, al haber traído el número más alto de positivos de toda la crisis, con casi 85.000. La IA a 14 días por cada 100.000 habitantes ha batido el récord de la pandemia y roza los 700 casos, con algunas comunidades superando los 1.000 puntos de tasa. Datos que son los que anticipan lo que sucederá en los hospitales próximamente, los cuales ya soportan mucha tensión, al haber más pacientes en cuidados intensivos que en las anteriores olas.
Las medidas de octubre... con un virus más rápido
Las discrepancias se han sucedido a la vez que las autonomías han buscado ir controlando el virus con medidas como las de la segunda ola, como los cierres perimetrales, la limitación de horarios o la clausura total de la hostelería. Esta última es la decisión más impopular por afectar a miles de ciudadanos que viven de bares y restaurantes, y que ya están aplicando Baleares, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Un plan con el que aspiran a tener el éxito de Cataluña, que mejoró mucho sus cifras tras impedir la apertura de los locales, y que cuenta con el aval del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Línea que ha seguido Andalucía, aunque los locales afectados serían aquellos situados en municipios con una incidencia superior a 1.000.
La diferencia con lo ocurrido entre septiembre y diciembre de 2020 es que el virus se expande a una velocidad mayor. Cuando antes necesitaba varias semanas para poner en alerta a una población, ahora le basta con dos o tres para lograrlo, como han advertido varios epidemiólogos consultados por esta redacción. Murcia, Castilla y León y Castilla-La Mancha son tres buenos ejemplos de esto. El 11 de enero, la región murciana tenía 299 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la castellano-manchega 556 y la castellano-leonesa 443. Ahora, sufren tasas de 1081, 1066 y 910 positivos respectivamente. Andalucía también ha sufrido un empeoramiento notable, ya que hace unas semanas llegó a los 294 de IA y ahora está en 627. Por lo que al menos tres de las que más han insistido en el toque de queda son las que peor evolución han tenido. Aunque a esa reclamación expresa se han sumado otras como País Vasco, Baleares o Cantabria.
Esta presión por el toque de queda es similar a la de las semanas anteriores por el confinamiento domiciliario, que fue el primer recurso que pidieron algunas comunidades cuando ya se veía claro que la tercera ola estaba cogiendo un vuelo inédito. Entonces, el Gobierno central se mantuvo firme y cerró toda posibilidad a que se fuera a producir una etapa similar a la que comenzó en marzo de 2020. El golpe a la economía y el impacto en la salud mental de la población son algunos de los motivos que esgrime Moncloa para rechazar esta medida extrema. A pesar de que el Consejo de Ministros también está dividido por el asunto, con Unidas Podemos dispuesto a defender que el cierre total se llevara a cabo. Todo lo contrario que otros titulares de cartera poderosos, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
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