No hay unanimidad y tampoco certezas para los universitarios. El final del curso se acerca y, como cada mes de mayo, miles de jóvenes se enfrentan a la angustia de los finales, solo que esta vez, a la presión de la montaña de apuntes, la Covid ha sumado la incertidumbre de no saber bajo qué criterios se les va a evaluar. Como la Sanidad, la Educación es una competencia transferida a unas CCAA que no han asumido una hoja de ruta común, pese a las recomendaciones de la cartera de Manuel Castells. Y no solo eso. Dentro de cada región, cada rector tiene libertad para decidir cómo evalúa a los matriculados de su institución, aunque ha quedado patente que, ni en el seno mismo de la Enseñanza Superior, España estaba preparada para una vida a distancia.
F.M. estudia Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y cuenta su experiencia en una llamada con La Información. "En un primer momento nos llegó un protocolo de locos". Al empezar el examen, los alumnos debían apagar el micrófono de sus ordenadores y sacar una fotografía de la habitación en la que cada estudiante realizaría el control. "También antes de comenzar la prueba, teníamos que sacarnos un 'selfie' con el DNI", comenta el joven.
Normalmente, los exámenes de la asignatura en cuestión duran una hora y media, y se componen de tres ejercicios. "La Universidad nos daba 10 minutos adicionales por cada ejercicio para realizar todo este proceso". A los 20 minutos de comenzar, el estudiante tenía que sacar otra fotografía donde se observara el ejercicio, la pantalla del ordenador con un código y el reloj, así como el DNI. El proceso se repetía a la media hora y, por tercera vez, diez minutos después. Mientras tanto, toda la clase debía estar conectado al chat de la plataforma, donde el profesor iría pasando las imágenes a tiempo real, de un alumno a otro.
El entramado de fotografías dejaba por imposible copiar durante la prueba... pero también hacía necesaria una potente conexión a Internet, a la que no todos pueden tener acceso. Además, un protocolo tan complejo podría añadir más presión a una prueba definitoria, como lo es un final. "La cámara de mi ordenador estaba estropeada, así que tuve que cruzar Madrid en bicicleta para recoger la de un amigo que vive en el otro extremo de la capital". Nunca llegó a utilizarla. El mismo día del examen, la UPM envió una circular: el protocolo vulneraba la intimidad de los alumnos y la prueba quedaba suspendida. Más de una semana después y a menos de un mes de zanjar el curso, aún no hay fecha para ese examen.
La 'hoja de ruta' de un Ministerio sin competencias
Desde el Ministerio de Universidades confirman a este diario que la cartera elaboró una serie de recomendaciones, en consonancia con las conversaciones que la cartera de Castells mantuvo con delegados por las CCAA, representantes de las Agencias de Evaluación de la Calidad, de la Conferencia de Rectores y del Consejo de Estudiantes. "Las conclusiones son orientativas, no vinculantes", señalan fuentes del Ministerio. Aunque aspiran a reforzarse.
En esta 'hoja de ruta' sin efectos reales, se incluye un apartado sobre las Guías Docentes -un documento que aglutina el temario, la bibliografía y los criterios de evaluación de cada asignatura- que reza: "La opción más operativa podría ser introducir una breve adaptación en todas estas Guías Docentes, sin que ello suponga un cambio del plan de estudios". A día de hoy, muchos profesores aún no han adaptado la suya. Así lo aseguran alumnos de Medicina de la Universidad de Alcalá que denuncian que, para la asignatura de Patología Médica -"Una de las más difíciles de todo el grado"- "aún no sabemos cómo se nos va a evaluar".
"Este jueves 15 de mayo, está prevista la Conferencia General de Política Universitaria, que volverá a debatir y tratará de definir los criterios", anticipan desde la cartera. Las vacaciones de verano llaman a la puerta y no hay certezas. Desde el Ministerio inciden en que la "libertad de decisión de cada universidad es beneficiosa para la enseñanza", aunque reconocen que, en estas circunstancias, "ralentiza la toma de criterios y dificulta la unidad de criterios". Sea como fuere, el resultado son unos estudiantes que no tienen claro a qué atenerse, cuando ven que los protocolos pueden cambiar la misma mañana del examen.
El Sindicato de Estudiantes: "El caos es total"
El Sindicato de Estudiantes lleva desde el inicio del brote reclamando el cierre del curso académico. Consideran que la gestión de la crisis "está siendo un caos total". La secretaria general del órgano de representación, Coral Latorre, se muestra implacable en su conversación con este diario. Latorre dice que el Ejecutivo ha "olvidado totalmente" a los estudiantes y reclama medidas urgentes para solucionar "la emergencia social" que se está generando desde que se decretó el cierre de las aulas. Entre las propuestas del sindicato se cuenta un aprobado general que, tanto el Ministerio de Educación como el de Universidades rechazaron de plano, pero que, apuntan, servirá para evitar que ningún estudiante sea expulsado de su centro de estudio, así como la ampliación de becas de cara al próximo curso.
Y es que otra de las grandes dificultades que entraña la crisis en el ámbito universitario reside en la cuestión económica. Los centros universitarios públicos funcionan a través de un sistema directamente proporcional: cuantas más veces suspenda el alumno, más paga por matricularse. Los precios pueden superar los 1.000 euros por una sola asignatura. En la situación actual, esta política -conocida como 'doble matrícula'- supone un temor extra para el alumnado.
"Nosotros apostamos por la anulación de matrícula si el estudiante suspende", aseguran desde el ministerio de Castells a este medio, "Lo que proponemos es que el centro guarde el dinero en una bolsa y exima del pago de dicha asignatura al alumno al año siguiente, o bien que le devuelva el dinero de dicha materia al finalizar este mismo curso". Algunas regiones como la Comunidad de Madrid o Valencia ya están dando los primeros pasos en esta dirección. Como todos los flecos, cuando se habla de las facultades, la última palabra la tiene el rector.
Las secuelas de la brecha digital
Una de las mayores polémicas de los últimos días en el ámbito educativo, la protagonizó el Gobierno regional del País Vasco. Las autoridades autonómicas anunciaron que los estudiantes podrán volver a las aulas a partir del 18 de mayo. Desde entonces el sindicato ha convocado una huelga estudiantil indefinida en todos los institutos de la Comunidad Autónoma y piden que las autoridades rectifiquen. "No hay garantías de seguridad en las aulas, esta decisión no responde a un criterio sanitario. Es una completa negligencia", añade Laura Albengo, la portavoz del sindicato en Euskal Herria. "Es un chantaje que nos hagan elegir entre salud y educación", incide.
Latorre incide en que el sistema 'híbrido' que ha propuesto Castells de cara al próximo curso no es aplicable en España porque "cerca de 76.000 estudiantes no pueden seguir la evaluación telemática" y teme que si no se actúa rápido los efectos van a ser devastadores para los estudiantes y "la brecha en la educación se va a acentuar aún más como consecuencia del virus". Desde la propia cartera, confiesan a La información que el problema de acceso a la red es real. "Hace unos días el ministro Castells se reunió con las autoridades de Galicia, donde, por sus particularidades, la conexión no es eficaz en todo el territorio y los alumnos encuentran dificultades", admite la institución, "Nos consta que ocurre en más territorios".
Paulina, estudiante de máster en la Universidad de Salamanca, comenta que desde que cancelaron las clases presenciales los criterios de evaluación y la entrega del Trabajo de Fin de Máster (TFM) han ido cambiando y que hasta ahora "no sé bien cómo vamos a entregar el trabajo final". Eso sí, la joven comenta que los profesores han sido transparentes en todo momento y les han pedido a lo alumnos paciencia porque esta situación también está fuera de sus manos. "Hasta la semana pasada hubo cambios de fecha y de modalidad... y todavía no me queda claro todo lo del TFM", cuenta.
Latorre pone de relevancia la importancia de que todas las medidas que vayan a tomar las autonomías vayan tengan luego un "plan de seguimiento". Como los sanitarios, los estudiantes tampoco quieren verse en el aprieto de que, cuando pase la pandemia y las universidades abran la persiana, los aplausos cesen y, como anticipan los 'héroes' de la crisis, el agua les vuelva a llegar al cuello.
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