"La ejecución del solicitante queda aplazada hasta que se resuelva esta solicitud", escribió la tarde del martes en su decisión de la Corte de Apelaciones Criminales de Texas (sur de EEUU), que acogió un recurso de los abogados de Tercero, que alegaban que su defendido no tuvo un juicio justo.
La ejecución con inyección letal de Tercero, que ha pasado los últimos 15 años en el corredor de la muerte, estaba pautada para el miércoles, por el asesinato de un hombre durante un asalto en 1997.
Pero sus abogados alegaban que a su defendido se le negó un juicio justo ya que los fiscales acusadores usaron las palabras de una testigo clave que posteriormente se retractó de sus declaraciones. Además, afirmaban que Tercero no tenía aún 18 años al momento del crimen, lo que lo haría inelegible para la pena capital.
El tribunal de Apelaciones suspendió la ejecución hasta tanto la corte del condado de Harris en Texas revise los méritos de la impugnación.
El caso había generado gran atención en su país natal y llevó a organizaciones de derechos humanos, que ponen en duda la capacidad mental del reo, a realizar manifestaciones tanto en Houston como en Managua contra su ejecución.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, apeló directamente en julio a su homólogo Barack Obama, en una misiva en la que pidió clemencia.
"Por tratarse de un delito cometido por un menor (su ejecución) sería un castigo cruel e inusual", estimó el mandatario nicaragüense en su carta, en la que dijo que un eventual gesto de Obama "será recordado por nuestro pueblo y por todos los que en este planeta luchamos a favor de la vida".
Pero el gobierno central en Washington suele alegar que no tiene potestad para intervenir en los sistemas judiciales estatales.
Pese a los pedidos internacionales de clemencia, Texas había seguido adelante con los preparativos de la ejecución por el carácter "brutal" del asesinato de Tercero, había señalado John Wittman, portavoz del gobernador Greg Abbott.
El 31 de marzo de 1997, Tercero y un cómplice entraron armados a robar una lavandería en Houston, Texas, donde el nicaragüense se enfrascó en una pelea con un cliente, un maestro de escuela, al que terminó dando muerte frente a su hija de tres años.
Luego de una estadía en Nicaragua, Tercero fue arrestado cuando volvió a Estados Unidos en 1999. Fue condenado en 2000 a la pena capital.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos y varias organizaciones civiles habían denunciado irregularidades en el juicio.
La CIDH otorgó medidas cautelares a Tercero con el objetivo de evitar su ejecución y determinó que Estados Unidos violó sus derechos al no haberle informado durante el juicio que tenía derecho a asistencia del consulado de su país. Según este organismo, sus abogados "cometieron graves fallas que afectaron su derecho a la defensa".
Líderes religiosos se habían unido a los llamados de perdón. "(Apelo) al corazón de las autoridades estadounidenses para que acojan las peticiones que se han hecho para salvar la vida de Bernardo Tercero", demandó el cardenal nicaragüense Miguel Obando.
Tercero ha dicho que su último deseo es ver a su madre y su único hijo, Franklin Moisés Tercero, pero este último, de 22 años, anunció en Nicaragua que Estados Unidos le negó la visa humanitaria para visitar a su padre.
du/lm
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